La causa de Martín Insaurralde tuvo un nuevo giro tras la llegada del juez Juan Tomás Rodríguez Ponte, quien amplió la investigación y ordenó medidas sobre cuentas bancarias, teléfonos, bienes y documentación vinculada a los imputados.
La Justicia amplió la investigación sobre Insaurralde
La causa de Martín Insaurralde sumó un nuevo capítulo luego de que el juez federal Juan Tomás Rodríguez Ponte asumiera formalmente el expediente y ordenara al menos 29 medidas de prueba. La investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero también involucra a Jesica Cirio y a la modelo Sofía Clerici.
La decisión del magistrado respondió a los pedidos realizados por los fiscales Sergio Mola y Diego Velasco, junto con los planteos de la querella de la Fundación Poder Ciudadano. Además, Rodríguez Ponte adoptó un criterio diferente al de su antecesor, Luis Armela.
En concreto, el nuevo juez resolvió ampliar el período investigado hasta 2009. El objetivo consiste en reconstruir el movimiento patrimonial de los involucrados, determinar cómo fueron administrados determinados activos mediante presuntos testaferros y profundizar los posibles vínculos entre la actividad política y el sector de los juegos de azar.
Cuentas bancarias y más de 100 líneas telefónicas
Entre las medidas ordenadas, Rodríguez Ponte solicitó a las autoridades financieras de Uruguay información sobre los movimientos de dos cuentas bancarias desde el momento de su apertura. De esta manera, la Justicia busca obtener un panorama más completo sobre el origen y la circulación del dinero investigado.
Por otra parte, el magistrado ordenó reconstruir llamadas, mensajes de texto y tráfico de datos correspondientes a más de 100 líneas telefónicas. El requerimiento alcanza a los imputados, familiares directos y personas vinculadas con empresas mencionadas en el expediente.
El análisis de las antenas y celdas permitirá elaborar un mapa de ubicaciones para determinar si los involucrados estuvieron en determinados lugares y momentos. Esa información será utilizada, entre otras cuestiones, para analizar un documento presentado por Insaurralde en 2023.
Un documento de 2023 quedó bajo análisis
En aquella presentación realizada ante un escribano público, Insaurralde había intentado justificar parte de su patrimonio mediante la existencia de un préstamo de 250.000 dólares que, según sostuvo, había recibido de Cirio.
Ahora, el rastreo de las comunicaciones y las ubicaciones buscará establecer si ambos estuvieron efectivamente en el mismo lugar junto al escribano cuando se firmó el documento. La medida apunta a determinar si el acto ocurrió de la manera en que fue presentado o si pudo haber existido una simulación.
Además, la Unidad de Información Financiera deberá analizar la actuación del profesional para determinar si cumplió con las obligaciones previstas por las normas antilavado.
Videos con dólares y peritajes oficiales
El expediente también puso bajo análisis distintos elementos digitales incorporados mediante un pendrive. Entre ellos aparecen videos en los que se observa a personas manipulando fajos de dólares dentro de una vivienda ubicada en Fincas de San Vicente.
Rodríguez Ponte convocó a los denunciantes para que brinden declaración y ordenó que el material sea sometido a peritajes oficiales. Los estudios estarán a cargo de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DATIP).
El objetivo será comprobar la autenticidad de los archivos e intentar identificar a las personas que aparecen en las imágenes. Así, la evidencia digital se suma a las restantes medidas destinadas a reconstruir el patrimonio y los movimientos de los involucrados.
También investigarán bienes, vehículos y seguros
Finalmente, el juez solicitó información a distintos organismos estatales. El RENAPER, la ANSES y la Superintendencia de Seguros de la Nación deberán aportar documentación relacionada con antecedentes, nóminas salariales y pólizas contratadas.
La resolución también incluyó pedidos de información sobre studs de caballos en hipódromos y los legajos correspondientes a cuatro vehículos. A su vez, se requirieron datos vinculados con un departamento ubicado en Lomas de Zamora.
La Justicia busca, de esta manera, completar el relevamiento patrimonial y establecer la existencia de eventuales bienes que no hayan sido declarados. Las nuevas medidas representan una ampliación significativa de la investigación y abren una nueva etapa en el expediente que involucra a Insaurralde, Cirio y Clerici.
