Cristina Kirchner enfrenta un nuevo embargo sobre el departamento de Constitución donde cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad. La medida fue ordenada por el Tribunal Oral Federal 2 y se suma a otras investigaciones patrimoniales vinculadas al expediente.
Cristina Kirchner enfrenta un embargo sobre su vivienda
El Tribunal Oral Federal 2 ordenó formalizar el embargo del departamento donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad. La medida había sido solicitada el 12 de agosto por los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola y ya quedó registrada formalmente sobre el inmueble.
La anotación fue realizada en el registro correspondiente por el interventor designado por la Justicia, Alberto Viglieri. De todos modos, la medida cautelar no implica que los ocupantes deban abandonar de manera inmediata la propiedad donde la expresidenta cumple actualmente su detención.
El inmueble que quedó bajo la lupa judicial
El departamento está ubicado en San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, y figura registralmente a nombre de Los Sauces SA. La sociedad tiene como accionistas a Máximo y Florencia Kirchner, hijos de la expresidenta.
De acuerdo con el planteo realizado por los fiscales Luciani y Mola, la propiedad fue comprada en 2015, cerca del final del período analizado en la causa Vialidad, que comprende hechos investigados entre 2003 y 2015.
La hipótesis del Ministerio Público Fiscal sostiene que los recursos utilizados para adquirir el departamento estarían vinculados con fondos provenientes de los hechos de corrupción que fueron considerados acreditados dentro de la causa.
La explicación sobre los fondos utilizados
Los fiscales también incorporaron a su argumentación una operación realizada después de la muerte de Néstor Kirchner, ocurrida en 2010. Según la acusación, Cristina Fernández de Kirchner habría transferido voluntariamente parte de sus activos a sus hijos después del fallecimiento del expresidente.
A partir de esa operación, el Ministerio Público Fiscal sostiene que existe una relación entre los fondos que permitieron adquirir el inmueble y el dinero que forma parte de la investigación judicial. Ese vínculo constituye uno de los fundamentos utilizados para solicitar la medida patrimonial.
Sin embargo, el embargo tiene por ahora carácter registral y cautelar. Por lo tanto, su inscripción no supone automáticamente una orden de desalojo ni modifica de manera inmediata la situación de quienes permanecen dentro de la propiedad.
Otras medidas patrimoniales vinculadas a la causa
El embargo del departamento se incorpora a un conjunto de medidas relacionadas con el patrimonio de la familia Kirchner que fueron adoptadas o permanecen bajo investigación dentro del expediente.
Entre ellas aparece la situación de 5 millones de dólares que se encuentran depositados en una caja de seguridad perteneciente a Florencia Kirchner. Además, el juez federal Ercolini analiza el origen de otros 180.000 dólares utilizados para comprar el primer piso del mismo edificio ubicado sobre San José.
La Justicia busca determinar, en cada caso, la procedencia de los fondos y su eventual relación con los hechos investigados en la causa Vialidad. Así, las medidas patrimoniales avanzan en paralelo al resto de las actuaciones judiciales.
También investigan el cumplimiento de la prisión domiciliaria
Mientras avanza el análisis sobre los bienes, el TOF 2 también tramita un incidente relacionado con el cumplimiento de la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner.
El tribunal busca determinar si la expresidenta pudo haber incumplido las condiciones establecidas para la detención en su domicilio. Para ello, se analiza la información registrada por la tobillera electrónica y los movimientos detectados durante el período de cumplimiento de la medida.
La evaluación técnica deberá establecer si alguno de esos desplazamientos superó el perímetro autorizado por la Justicia. Cristina Kirchner permanece bajo prisión domiciliaria en ese inmueble desde hace un año y cuatro meses, mientras continúan las distintas actuaciones vinculadas con su situación judicial y patrimonial.
