El crimen que conmociona al territorio cordobés ingresó en una fase de máxima tensión política e institucional. Un referente de la oposición parlamentaria rompió el silencio con fuertes acusaciones que exponen supuestos entramados de encubrimiento dentro de las estructuras tribunalicias de la provincia mediterránea.
Cuestionamientos del senador al desempeño judicial cordobés
Efectivamente, el parlamentario nacional por Córdoba endureció de manera pública sus reclamos ante los micrófonos de Radio Continental por las irregularidades detectadas en el expediente. Por consiguiente, el dirigente solicitó formalmente el inicio de un juicio político contra los fiscales intervinientes y exigió la destitución de la cúpula de la seguridad local.
Por lo tanto, el legislador mediterráneo manifestó que las máximas autoridades de la provincia implementan mecanismos repetitivos para evitar que las responsabilidades penales salpiquen a los despachos gubernamentales. De este modo, denunció la presunta designación de oficinas querellantes afines al poder con el único propósito de desviar la investigación del femicidio.
Las alarmas por los antecedentes del sospechoso detenido
Ciertamente, el dirigente opositor vinculó la trágica resolución del caso con polémicas decisiones previas que beneficiaron al principal imputado por el asesinato de la menor. Concretamente, el senador recordó que los magistrados actuantes le otorgaron la libertad al sospechoso tras un confuso episodio de violencia denunciado el año pasado en la misma vivienda.
Asimismo, el referente parlamentario asoció los polémicos ascensos de ciertos funcionarios judiciales con la supuesta protección que reciben los sectores delictivos organizados dentro de la capital provincial. En consecuencia, las críticas se concentraron en el largo período de hegemonía que la actual coalición de gobierno mantiene en todas las dependencias del Estado.
Denuncias por demoras en los protocolos de búsqueda
Efectivamente, los cuestionamientos de la oposición también se enfocaron en las desidias administrativas ocurridas durante las primeras jornadas de desaparición de la víctima de 14 años. Por esa razón, el legislador lamentó que las fuerzas policiales desperdiciaran horas fundamentales en conjeturas menores en lugar de activar de forma inmediata el Alerta Sofía.
Adicionalmente, el avance de las pesquisas intenta determinar el recorrido realizado por el capturado antes de que los restos de la adolescente aparecieran en un terreno baldío. En definitiva, la presión social y mediática se incrementa sobre los tribunales provinciales mientras los sectores opositores exigen auditorías externas frente a los intentos oficiales por desviar la investigación del femicidio.
