La tensión política escala en Argentina tras la ejecución patrimonial contra la familia Kirchner. Eduardo Wado de Pedro rompió el silencio para exponer lo que considera una maniobra de la «mafia judicial». Con fuertes declaraciones sobre supuestos testimonios falsos y críticas a la gestión económica actual, el senador busca nacionalizar el reclamo por la situación de la expresidenta.
Fuerte rechazo oficialista a la sentencia patrimonial
El escenario político nacional se vio sacudido nuevamente por las declaraciones de Eduardo Wado de Pedro respecto al reciente decomiso de bienes de Cristina Kirchner. Mediante sus plataformas digitales, el senador por la provincia de Buenos Aires arremetió contra el proceso judicial que derivó en la incautación de activos vinculados a la exjefa de Estado. Según el legislador, la causa está viciada por declaraciones de imputados colaboradores que habrían sido coaccionados para brindar testimonios falsos.
Por consiguiente, el exministro del Interior aseguró que la sentencia no solo busca la proscripción política, sino que ahora avanza hacia lo que denominó un «robo» patrimonial. En este sentido, De Pedro enfatizó que la inocencia de la dirigente es absoluta y que su actual detención domiciliaria en el barrio de Constitución carece de sustento legal válido. La defensa del senador se alinea con el núcleo duro del peronismo, que cerró filas tras la confirmación de la Cámara Federal de Casación Penal.
Detalles de la ejecución financiera en la causa Vialidad
La resolución que motivó el descargo de los dirigentes peronistas implica una cifra millonaria que afecta directamente el patrimonio familiar de la exmandataria. Ciertamente, la Justicia determinó que el decomiso de bienes de Cristina, que alcanza también a sus hijos Máximo y Florencia, tiene como fin resarcir al Estado por las irregularidades en la obra pública santacruceña. El monto actualizado de la ejecución asciende a los 684 millones de pesos, una cifra que los condenados no habrían abonado en los plazos estipulados.
Debido a que la sentencia quedó firme en junio de 2025, el tribunal procedió a la recuperación de fondos de manera compulsiva. Por este motivo, el entorno de la expresidenta denuncia una persecución sin precedentes que combina el encierro físico con el asfixiamiento económico. De Pedro, quien mantuvo una estrecha colaboración con Kirchner durante su paso por la Secretaría General de la Presidencia en 2015, lidera ahora el reclamo internacional por su liberación.
Críticas cruzadas entre la oposición y el Gobierno
Más allá de la situación procesal, el senador nacional aprovechó sus recientes intervenciones internacionales para vincular el accionar judicial con el contexto político actual. Durante un encuentro de líderes progresistas en España, el legislador apuntó contra la administración de Javier Milei, calificando sus programas económicos como experimentos fallidos de ultraderecha. De esta manera, el kirchnerismo intenta unificar el discurso de resistencia política con la defensa legal de sus referentes.
Asimismo, los aliados de la exmandataria sostienen que estas medidas judiciales son una distracción frente a la crisis social que atraviesa el país. No obstante, el fallo judicial sigue su curso administrativo, marcando un hito en la recuperación de activos vinculados a casos de corrupción estatal. Mientras el oficialismo parlamentario exige la libertad de su conductora, el Poder Judicial avanza en la liquidación de las propiedades y cuentas bancarias afectadas por la condena en el caso Vialidad.
