A las puertas de cumplirse el primer aniversario de su detención domiciliaria, la exjefa de Estado busca modificar sustancialmente las reglas de su confinamiento. Los planteos de sus abogados colisionaron con la postura del tribunal, que ratificó las restricciones vigentes al considerarlas indispensables para garantizar la sujeción de la imputada al proceso penal.
La Justicia rechazó las solicitudes de la exvicepresidenta
En las vísperas de completarse doce meses desde el inicio de su reclusión habitacional por la causa Vialidad, la defensa de la exjefa de Estado interpuso una serie de recursos ante los tribunales correspondientes. Mediante estas acciones, la referente política pretende flexibilizar su arresto y frenar el embargo de los activos patrimoniales que transfirió a sus descendientes. No obstante, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 desestimó los argumentos presentados al señalar incompatibilidades técnicas en el planteo.
Efectivamente, el equipo jurídico comandado por Carlos Beraldi intentó ampararse en las normativas de progresividad que rigen para el sistema penitenciario tradicional. Sin embargo, los magistrados determinaron que dicho marco no resulta aplicable en este escenario particular. Por consiguiente, la resolución aclaró que la procesada nunca estuvo alojada en un centro de detención común, lo cual invalida de forma automática el acceso a los beneficios reclamados por sus representantes.
Los detalles de las restricciones vigentes en el domicilio
Específicamente, las peticiones de la exmandataria estaban orientadas a remover de manera definitiva la tobillera electrónica de monitoreo continuo. De igual forma, los letrados exigieron la eliminación del tope estipulado para los encuentros presenciales y la autorización para acceder libremente a la terraza de la vivienda sin restricciones horarias. Actualmente, la dirigente cuenta con un permiso limitado de apenas 120 minutos diarios para permanecer en el sector descubierto de la propiedad.
Por otra parte, el magistrado Rodrigo Giménez Uriburu ratificó que el mecanismo electrónico representa la medida de control indispensable para asegurar el cumplimiento del proceso judicial. Adicionalmente, las autoridades recordaron que las limitaciones en el flujo de visitas se implementaron a finales de 2025, tras constatarse una reunión masiva con casi una decena de asesores económicos en el inmueble de la calle San José. Por lo tanto, el tribunal consideró necesario sostener los parámetros de vigilancia establecidos originalmente.
Una batalla paralela en la Corte Suprema por el patrimonio familiar
En sintonía con las demandas habitacionales, el cuerpo de abogados elevó una queja directa hacia el máximo tribunal de la Nación. El objetivo central de esta presentación consiste en neutralizar el decomiso de 19 propiedades que habían sido otorgadas en carácter de donación a Máximo y Florencia Kirchner. A pesar de la negativa previa de la Cámara de Casación, la defensa insiste en que la medida lesiona de forma directa las garantías de propiedad de los hijos de la exmandataria.
En conclusión, la estrategia de la exjefa de Estado busca flexibilizar su arresto y frenar el embargo dictaminado para recuperar los activos vinculados a la administración fraudulenta entre los años 2003 y 2015. De este modo, los informes patrimoniales confeccionados por el fiscal Diego Luciani continúan siendo el eje de la disputa económica. De igual manera, el escenario legal entra en una etapa de definiciones estructurales mientras se aguarda el pronunciamiento de la Corte Suprema.
