Una nueva tormenta judicial asoma sobre el gremio de Camioneros. Graciela Ocaña reveló maniobras que involucran transferencias millonarias realizadas en tiempo récord hacia cuentas vinculadas al entorno íntimo de Hugo Moyano. Mientras los trabajadores denuncian la falta de servicios básicos y el cierre de centros de salud propios, el patrimonio de los fideicomisos familiares parece expandirse. La legisladora apunta a un esquema de «privilegios de casta» que el poder político actual no ha logrado desmantelar, poniendo bajo la lupa el manejo de los aportes sindicales en Argentina.
Denuncias de vaciamiento en la estructura gremial
La legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, Graciela Ocaña, sacudió el escenario político al exponer un presunto fraude en la obra social de Camioneros. Según sus declaraciones, la entidad prestadora de salud se encuentra en una situación financiera crítica, a pesar de los importantes aportes que realizan diariamente tanto empleados como empleadores. Por consiguiente, la dirigente subrayó la contradicción entre el bienestar de los negocios familiares de los Moyano y la precariedad de los servicios que reciben los afiliados.
Efectivamente, Ocaña detalló que el sindicato posee cinco clínicas de alta complejidad, pero denunció que actualmente solo una de ellas está operativa. En este sentido, la falta de atención médica se ha convertido en una constante para los trabajadores, quienes deben lidiar con una infraestructura sanitaria desmantelada. Por tal motivo, la legisladora cuestionó la transparencia en el uso de los fondos, sugiriendo que el dinero destinado a la salud termina en circuitos financieros ajenos al beneficio público.
Transferencias sospechosas hacia el entorno familiar
Por otro lado, la investigación que impulsa Ocaña pone el foco en movimientos bancarios detectados en el Banco Provincia durante el mes de septiembre de 2025. Se trata de transferencias que alcanzan los 900 millones de pesos, realizadas en un lapso de apenas doce días hábiles. Debido a esto, la Justicia sigue la pista de tres fideicomisos vinculados directamente a Liliana Zulet, esposa del histórico líder sindical Hugo Moyano.
Asimismo, la denuncia remarca que este posible fraude en la obra social habría sido encubierto mediante préstamos supuestos y aportes extraordinarios exigidos a las empresas del sector. Por esta razón, la legisladora sostiene que existe una transferencia sistemática de recursos desde las cuentas de Oschoca hacia empresas de seguridad y servicios pertenecientes a socios directos del clan. En consecuencia, el esquema revelado describe una red de beneficios privados sostenida por la estructura gremial más poderosa del país.
La necesidad de una reforma en el sistema sanitario
En cuanto a las soluciones de fondo, Ocaña insistió en la urgencia de implementar una reforma estructural en el sistema de salud argentino. Por lo tanto, planteó que es vital terminar con los nichos de negocios que atentan contra la calidad prestacional que recibe el ciudadano. De acuerdo con su visión, la experiencia de la pandemia dejó en evidencia la necesidad de contar con políticas adecuadas y un sistema robusto que no sea rehén de intereses sectoriales.
Finalmente, la legisladora lamentó que el Gobierno nacional no haya avanzado sobre estos privilegios que ella define como parte de la «casta sindical». Por ende, el caso continuará su curso en los tribunales federales mientras se evalúa el impacto real del desfinanciamiento en la cobertura médica de los camioneros. En definitiva, la transparencia en el manejo de los aportes sociales vuelve a estar en el centro del debate público ante la sospecha de maniobras fraudulentas a gran escala.
