El diputado Juan Grabois se reunió con la Conferencia Episcopal Argentina para sumar respaldo contra la reforma de la Ley de Glaciares. Junto a otros legisladores, reclamó que no se modifique la norma y exigió transparencia en las audiencias públicas.
Grabois contra Ley de Glaciares: reunión con la Iglesia
El diputado nacional Juan Grabois intensificó su rechazo a la reforma de la Ley de Glaciares y buscó respaldo en la Iglesia. A través de sus redes sociales, el Frente Patria Grande difundió imágenes de un encuentro con el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Daniel Colombo, donde se planteó la necesidad de defender la normativa vigente.
Según el espacio que lidera Grabois, la Pastoral Social y distintos obispados comparten la postura de preservar la actual ley frente a cualquier intento de modificación que implique un retroceso ambiental. “Proteger nuestros glaciares es defender el agua y nuestro futuro”, remarcaron, convocando a una participación masiva en las audiencias públicas previstas para el 25 y 26 de marzo.
Reclamos de otros legisladores
En la reunión también participaron diputados de otros bloques, como Esteban Paulón y Maximiliano Ferraro, quienes coincidieron en cuestionar la falta de transparencia en el proceso de inscripción para las audiencias. Ferraro denunció que pasaron varios días sin que se publicara el registro de inscriptos, lo que compromete la validez del procedimiento.
En primer lugar, el legislador advirtió que una audiencia pública requiere publicidad, acceso a la información y reglas claras. Por este motivo, y ante las más de 20.000 personas anotadas, reclamó ampliar los días de debate para garantizar una participación efectiva. De esta manera, se busca dar cumplimiento a la Constitución, la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú.
Qué plantea la reforma
La propuesta del Gobierno busca flexibilizar la protección de los glaciares y del ambiente periglacial, habilitando actividades económicas en zonas antes restringidas. A diferencia de la norma sancionada en 2010, que protegía de manera absoluta estas reservas de agua dulce, la nueva iniciativa limita la cobertura a glaciares con funciones hídricas comprobables.
El cambio más relevante es la transferencia de facultades a las provincias, que podrían definir qué áreas cumplen funciones hídricas y cuáles no. Además, se levantarían prohibiciones para la megaminería y la explotación de hidrocarburos en zonas periglaciares, priorizando la seguridad jurídica de las inversiones.
Debate abierto
Mientras el oficialismo defiende la reforma como un paso hacia la modernización y el desarrollo económico, sectores opositores y organizaciones sociales alertan que se trata de un retroceso ambiental. Para Grabois y los legisladores que lo acompañan, la ley vigente garantiza la preservación de reservas estratégicas de agua dulce y su modificación pondría en riesgo el futuro de las comunidades.
