Una nueva trinchera política se abrió entre La Plata y la Casa Rosada por el destino de un emblema turístico de la costa atlántica. Las autoridades de la provincia de Buenos Aires alertaron sobre las consecuencias del plan de concesiones impulsado por la Nación. La disputa escala en medio de cesantías laborales y acusaciones de privatización encubierta.
Conflicto por el patrimonio turístico bonaerense
El destino de los históricos complejos habitacionales de la costa atlántica generó una profunda controversia entre diferentes niveles del Estado. La vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, cuestionó con dureza las recientes medidas de la administración central respecto a los hoteles de Chapadmalal por Milei. Según la funcionaria, las políticas de austeridad aplicadas por el Ejecutivo nacional no deberían comprometer las prestaciones recreativas destinadas a los sectores más vulnerables de la población, tales como los adultos mayores y la infancia. Por esta razón, el Gobierno provincial demandó formalmente la transferencia de la administración del predio costero.
Efectivamente, las autoridades de la provincia de Buenos Aires manifestaron su preocupación ante la inminente privatización del complejo. De igual modo, señalaron que las decisiones oficiales afectan de manera directa la estructura del turismo social en la región. Por consiguiente, la administración liderada por Axel Kicillof busca frenar los planes de privatización para preservar la función social que históricamente cumplieron estos alojamientos públicos.
Denuncias de vaciamiento y privatización
Asimismo, la gestión provincial detalló la secuencia de medidas que implementó la Casa Rosada antes de anunciar las licitaciones públicas. En primer lugar, el Gobierno nacional modificó la dependencia institucional del área de turismo y, posteriormente, proyectó concesiones con plazos de hasta tres décadas. Como resultado de este proceso, decenas de empleados estatales quedaron en situación de disponibilidad laboral durante las últimas semanas, lo que consolidó las sospechas de un desmantelamiento planificado del sector.
Por otra parte, los funcionarios bonaerenses defendieron las partidas presupuestarias invertidas durante los períodos anteriores para poner en valor la infraestructura hotelera. Ciertamente, gracias a esas refacciones, miles de contingentes escolares y agrupaciones comunitarias lograron conocer el mar por primera vez. En consecuencia, el territorio bonaerense considera que la entrega de las instalaciones a firmas privadas anularía un derecho consagrado en materia de inclusión y esparcimiento popular.
Disputa por el valor de las tierras
Sin duda, el interés comercial por los lotes de la Unidad Turística responde a su ubicación estratégica y al notable desarrollo urbano registrado en las inmediaciones de Mar del Plata. Por este motivo, la vicegobernadora sembró dudas sobre los verdaderos objetivos de la licitación y sugirió la existencia de presiones corporativas asociadas al mercado de tierras exclusivas. En sintonía con esto, reiteró la propuesta de que la Provincia asuma la gestión operativa y económica del lugar en caso de que la Nación decida desentenderse de su mantenimiento.
Finalmente, desde los ministerios de la provincia de Buenos Aires remarcaron que el ajuste fiscal de la gestión de Javier Milei no debe ejecutarse a expensas de los bienes históricos comunes. Obviamente, el oficialismo bonaerense mantendrá sus reclamos legales y políticos para evitar que el patrimonio arquitectónico se convierta en un emprendimiento comercial de carácter privado. Mientras tanto, el conflicto por los hoteles de Chapadmalal por Milei continúa sumando adhesiones de distintos sectores sindicales y sociales que defienden la recreación pública.
