La Libertad Avanza bonaerense anunció que impulsará el juicio político contra la jueza Marta Elba Pascual, quien suspendió durante 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires.
LLA avanza con el juicio político a la jueza
La Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires anunció que promoverá un juicio político a la jueza Marta Elba Pascual, luego de que la magistrada ordenara suspender durante 60 días la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil en territorio bonaerense. La decisión generó un fuerte enfrentamiento entre el oficialismo libertario y la Justicia provincial.
Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, dictó la medida apenas dos días después de la entrada en vigencia de la Ley 27.801. De esta manera, quedó temporalmente frenada la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años prevista por la nueva normativa.
El espacio que conduce Sebastián Pareja cuestionó duramente el fallo y sostuvo que la resolución judicial interfiere con una ley aprobada por el Congreso de la Nación. Además, desde LLA señalaron que la medida contribuye, según su interpretación, a mantener los niveles de impunidad que afectan a los bonaerenses.
La fuerte crítica de Sebastián Pareja
Pareja apuntó directamente contra la magistrada y cuestionó su independencia respecto del poder político provincial. En ese sentido, afirmó que Pascual intenta detener una norma que fue aprobada democráticamente y que, según el dirigente, responde a una demanda de la sociedad.
Además, el diputado nacional vinculó a la jueza con el gobierno bonaerense y sostuvo que desde ese sector político buscan argumentos para evitar que los delincuentes permanezcan detenidos. También recordó situaciones ocurridas durante la pandemia para reforzar su cuestionamiento.
El dirigente libertario fue todavía más lejos y aseguró que una magistrada que, según su acusación, actúa en beneficio del gobernador no reúne las condiciones necesarias para ejercer la función judicial. Por ese motivo, confirmó que impulsarán formalmente el proceso de juicio político a la jueza.
Por qué la Justicia suspendió la nueva ley
La resolución de Pascual surgió a partir de un habeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, organización presidida por el sacerdote José María Di Paola, conocido como el padre Pepe. La presentación fue realizada en representación de adolescentes que se encuentran privados de su libertad.
En su fallo, la magistrada puso el foco principalmente en la capacidad del Estado bonaerense para aplicar el nuevo régimen. En particular, planteó dudas sobre si la Provincia cuenta actualmente con la infraestructura, los recursos institucionales y los profesionales necesarios para ampliar la cantidad de adolescentes alcanzados por el sistema penal.
Para fundamentar su decisión, el tribunal tuvo en cuenta inspecciones realizadas en el Centro Socioeducativo para la Privación de la Libertad Ambulatoria de Lomas de Zamora. Allí se había establecido previamente un límite máximo de 60 adolescentes alojados debido al incumplimiento de determinados estándares mínimos.
La situación de los centros para menores
Según la resolución, hubo mejoras relacionadas con las instalaciones, el suministro de agua potable y la alimentación. Sin embargo, también se detectaron problemas persistentes vinculados con el acceso a la educación, la capacitación laboral y profesional, además de cuestionamientos sobre los períodos de aislamiento.
La jueza indicó que situaciones similares fueron observadas en distintos dispositivos de la provincia, de acuerdo con información proporcionada por el propio Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia. Por ello, consideró que existían elementos suficientes para intervenir antes de que se produzcan nuevas vulneraciones de derechos.
En consecuencia, Pascual dispuso la suspensión preventiva de la Ley 27.801 durante 60 días en la provincia de Buenos Aires. Además, convocó a una audiencia multipropósito para el 16 de septiembre, en la que funcionarios del Poder Ejecutivo bonaerense deberán informar las medidas adoptadas para implementar el nuevo régimen.
La respuesta de los bloques libertarios bonaerenses
La decisión también provocó reacciones dentro de los bloques legislativos de La Libertad Avanza. Carlos Curestis, presidente del bloque de senadores bonaerenses del espacio, acusó a la Justicia provincial de favorecer a quienes cometen delitos y cuestionó que los habitantes de la provincia queden, según expresó, sometidos a decisiones del gobernador y de los tribunales.
Por su parte, Juan Osaba, titular del bloque de diputados provinciales de LLA, calificó como inadmisible la suspensión de la normativa y sostuvo que el fallo perjudica a las víctimas de delitos cometidos por menores de edad. Asimismo, confirmó que el espacio llevará adelante el pedido de juicio político contra la magistrada.
Pascual ocupa actualmente el cargo al frente del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora. Antes de llegar al Poder Judicial, se desempeñó como ministra de Familia y Desarrollo Humano de la provincia de Buenos Aires durante la gestión de Eduardo Duhalde.
