La pulseada judicial entre el entorno de la Casa Rosada y los sectores disidentes del Congreso sumó un capítulo determinante en los tribunales de Comodoro Py. Tras la fuerte embestida de la diputada Marcela Pagano, quien exigió la captura inmediata de Manuel Adorni, la Justicia decidió bajarle el tono a la confrontación al considerar que el funcionario no representa una amenaza para el avance de la causa. No obstante, el aire de impunidad está lejos de instalarse: la entrega de dispositivos móviles con presuntos mensajes intimidatorios y la citación de nuevos testigos bajo sospecha mantienen el caso en una zona de alta tensión política para el Gobierno nacional. investigación contra Manuel Adorni
El revés judicial para el pedido de detención
La investigación contra Manuel Adorni por presunto incremento patrimonial injustificado sumó una definición clave en las últimas horas. El fiscal federal Gerardo Pollicita decidió no hacer lugar al requerimiento de la legisladora Marcela Pagano, quien pretendía que el jefe de Gabinete fuera arrestado de forma inmediata. Según el dictamen fiscal, en la etapa actual del proceso no se visualiza un peligro de fuga ni un riesgo de entorpecimiento que amerite privar de su libertad al ministro coordinador.
Por este motivo, la Justicia desestimó la aplicación de la denominada «doctrina Irurzun», la cual permite la prisión preventiva de exfuncionarios o agentes públicos basándose en sus posibles vínculos de influencia. En consecuencia, Pollicita entendió que no se cumplen los extremos legales necesarios para una medida de tal magnitud. Sin embargo, el fiscal dejó la puerta abierta para imponer restricciones menores, como la prohibición de acercamiento o contacto con los testigos involucrados en el expediente.
Denuncias de presiones y peritajes telefónicos
A pesar del alivio temporal que representa el rechazo de su detención, el panorama para el vocero presidencial sigue siendo complejo. Debido a esto, la atención se centra ahora en el testimonio de Matías Tabar, el contratista encargado de las obras en la vivienda del funcionario en el country Indio Cuá. El testigo aseguró ante los tribunales haber recibido presiones externas horas antes de presentarse a declarar, lo que motivó la intervención de los peritos informáticos.
En este sentido, Tabar entregó su teléfono celular para que la Justicia analice las comunicaciones mantenidas con el jefe de Gabinete y su cónyuge, Bettina Angeletti. Por lo tanto, el resultado de este peritaje será fundamental para determinar si existió una maniobra deliberada de amedrentamiento para desviar la investigación contra Manuel Adorni. Asimismo, el entorno de Pagano insiste en que estas acciones demuestran que el funcionario utiliza su posición de poder para influir en los testigos de la causa.
Nuevas indagatorias y el foco en Caballito
La hoja de ruta judicial contempla para este miércoles un paso administrativo fundamental en la recolección de pruebas. Se trata de la declaración de Leandro Miano, quien posee vínculos familiares con Claudia Sbabo, una de las jubiladas mencionadas como prestamista en la compra de una propiedad en el barrio de Caballito. La fiscalía busca esclarecer la ruta del dinero que permitió al funcionario adquirir dicho departamento y si los préstamos declarados fueron reales o una pantalla para blanquear fondos.
Por otra parte, la diputada Pagano mantiene su postura crítica desde el bloque Coherencia, señalando que la transparencia es una deuda pendiente de la actual administración. En conclusión, aunque el pedido de arresto no prosperó, la causa sigue acumulando testimonios y evidencia digital que mantienen el foco sobre el patrimonio de la cúpula gubernamental. De este modo, las próximas semanas serán determinantes para definir si el fiscal solicita nuevas medidas de prueba o si la investigación se encamina hacia un eventual procesamiento.
