La legisladora mendocina Lourdes Arrieta formalizó una acusación penal contra el exministro de Defensa, Luis Petri. La denuncia sostiene que existió una gestión irregular en la obra social de las Fuerzas Armadas. Arrieta señala que, bajo la órbita de Petri, el organismo pasó de tener superávit a enfrentar una crisis financiera que afectó servicios médicos…
La Justicia investiga una posible gestión irregular en Defensa
La diputada nacional Lourdes Arrieta sacudió el escenario político al presentar una denuncia penal contra Luis Petri. El eje del conflicto se centra en el manejo de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) durante el período en que el actual referente de La Libertad Avanza estuvo al frente de la cartera de Defensa. Por consiguiente, la legisladora solicitó que se analicen figuras delictivas como malversación de fondos públicos y abandono de persona.
Efectivamente, el documento judicial presentado por Arrieta busca esclarecer la responsabilidad de los funcionarios involucrados en el sistema de salud militar. De acuerdo con el escrito, se registraron anomalías que provocaron un deterioro profundo en las prestaciones médicas. En consecuencia, la diputada sostiene que el organismo sufrió un impacto financiero negativo que no tiene precedentes cercanos, afectando la operatividad de los centros de salud vinculados.
Detalles sobre la gestión irregular en Defensa y salud
Según la denuncia, el IOSFA contaba con reservas financieras sólidas y un superávit administrativo antes del inicio del mandato cuestionado. No obstante, Arrieta argumenta que esos recursos se consumieron rápidamente, lo que derivó en un endeudamiento creciente con farmacias y proveedores. Asimismo, esta situación económica crítica habría provocado la suspensión de tratamientos oncológicos y la falta de insumos tan vitales como la insulina.
Por otro lado, el texto remarca que los afiliados sufrieron cortes de servicios en diversas regiones del país debido a los atrasos en los pagos a prestadores. De igual importancia resulta la mención a contratos multimillonarios con droguerías privadas que, paradójicamente, no evitaron el desabastecimiento de medicamentos básicos. Por esta razón, la justicia deberá determinar si existió una planificación deliberada para beneficiar a ciertos sectores privados en detrimento de los beneficiarios.
Sospechas por préstamos millonarios y falta de transparencia
Además de los problemas operativos, la presentación judicial pone la lupa sobre un crédito de aproximadamente cuarenta mil millones de pesos. Este préstamo, otorgado por el Instituto de Ayuda Financiera (IAF), tenía como objetivo teórico la modernización de la infraestructura hospitalaria y los sistemas informáticos. Sin embargo, Arrieta asegura que no existe claridad sobre el destino final de esos activos ni pruebas de las mejoras prometidas en los hospitales militares.
Finalmente, la diputada insiste en que la falta de transparencia en la administración de estos fondos públicos constituye un hecho de gravedad institucional. Por lo tanto, el proceso legal que se inicia ahora pretende desentrañar si el colapso prestacional fue producto de la inoperancia o de una maniobra intencional. De este modo, la gestión de la obra social queda bajo un estricto escrutinio judicial mientras los afiliados aguardan por la normalización de su cobertura sanitaria.
