Un ambicioso programa tecnológico diseñado para predecir variables sociales encendió las alarmas de la privacidad y derivó en un frente judicial para la Casa Rosada. En este sentido, la recolección masiva de información ciudadana sin consentimiento previo quedó bajo la estricta lupa de los tribunales de Comodoro Py.
Un freno legal al almacenamiento masivo de datos públicos
El desarrollo de las herramientas informáticas aplicadas a la gestión estatal sumó una severa resistencia en el plano de los tribunales federales de la Nación. Así, Mila Zurbriggen presentó una denuncia contra el primer mandatario de la República y la titular de la cartera de Capital Humano, Sandra Pettovello, exigiendo la inmediata apertura de una investigación penal que determine si la controvertida plataforma vulnera las garantías constitucionales básicas de los habitantes.
Efectivamente, el escrito judicial advierte que la arquitectura informática del proyecto prevé la unificación de registros sumamente sensibles vinculados a la educación, la salud familiar, el empleo y la asistencia social en un único sistema centralizado. Además, la denunciante remarcó que la implementación de algoritmos predictivos y técnicas de Big Data a gran escala se está ejecutando en la absoluta clandestinidad regulatoria.
Las sospechas de privatización y la ausencia de auditorías
Por este motivo, las objeciones normativas planteadas en la presentación judicial se enfocan en desnudas las falencias éticas del modelo de «Estado predictivo» que intenta consolidar la escudería oficialista. Entonces, la acción penal detalla que los ciudadanos en ningún momento otorgaron un consentimiento explícito e informado para que sus trayectorias vitales y económicas sean utilizadas en simulaciones informáticas de políticas públicas.
Por otra parte, la sospecha de transferencias o accesos indebidos de bases de datos gubernamentales a corporaciones tecnológicas de origen nacional e internacional agrava el escenario descripto en los tribunales. Por lo tanto, ante la preocupante falta de especificaciones técnicas sobre los protocolos de anonimización y encriptación de la información sensible, Mila Zurbriggen presentó una denuncia contra la conducción del Poder Ejecutivo para evitar filtraciones masivas.
Medidas cautelares urgentes para congelar el sistema social
Por su parte, la recolección de pruebas solicitada por la parte querellante apunta a blindar de forma inmediata el patrimonio informativo de la sociedad civil frente al avance estatal. Sin embargo, la mayor urgencia del reclamo se concentra en que la Justicia ordene un freno de mano a los procesos de integración o cruce de datos que ya se encuentran en marcha en las dependencias oficiales.
Finalmente, el conflicto expone el debate global sobre los límites éticos que deben respetar las administraciones públicas al momento de incorporar sistemas de inteligencia artificial en el control poblacional. Como resultado de esta firme ofensiva en el fuero criminal, la validez jurídica del ambicioso «Gemelo Digital Social» quedó severamente condicionada por las exigencias de transparencia internacional.
