La tensión entre Nación y Provincia de Buenos Aires escaló a un nuevo nivel este martes, luego de que múltiples columnas de manifestantes bloquearan puntos estratégicos de circulación. Lo que comenzó como una protesta social derivó en un fuerte cruce político cuando Alejandra Monteoliva, titular de la cartera de Seguridad nacional, acusó directamente a la administración de Axel Kicillof de «liberar la calle». Según la funcionaria, la inacción del Ministerio de Seguridad provincial no es casualidad, sino que permite que agrupaciones de izquierda ejecuten maniobras de extorsión contra el Gobierno central. Mientras el caos vehicular afectaba a millones de ciudadanos, la Casa Rosada endureció su discurso, vinculando la permisividad bonaerense con un intento de quebrar el orden democrático. La disputa pone nuevamente sobre la mesa el debate sobre el derecho a la protesta frente a la libertad de circulación en los accesos clave.
Tensión por no aplicar el protocolo antipiquetes en Buenos Aires
La jornada de protestas en los principales accesos a la Ciudad de Buenos Aires desató un duro enfrentamiento mediático entre las administraciones de Javier Milei y Axel Kicillof. El conflicto se originó debido a la decisión del Ministerio de Seguridad bonaerense, liderado por Javier Alonso, de permitir el avance de diversas columnas de manifestantes en puentes y autopistas. Por consiguiente, Alejandra Monteoliva decidió cruzar públicamente a su par provincial por negarse a aplicar el protocolo antipiquetes en su jurisdicción, lo que generó un colapso total del tránsito. De tal manera, la funcionaria nacional calificó la situación como una muestra clara de la ausencia de ley y orden en el territorio bonaerense.
Efectivamente, las imágenes de los cortes en puntos neurálgicos como Avellaneda y Puente Saavedra sirvieron de base para que el Gobierno nacional denunciara una supuesta complicidad política. Por esta razón, Monteoliva sostuvo que dejar las calles a merced de grupos de izquierda forma parte de una estrategia de desestabilización institucional. Asimismo, remarcó que esta postura perjudica directamente a millones de trabajadores argentinos que ven impedida su libre circulación por la falta de firmeza de las autoridades provinciales. Según la mirada del Palacio de Hacienda y Seguridad, la omisión de las fuerzas de la provincia constituye un acto de negligencia deliberada.
Consecuencias de evitar el protocolo antipiquetes en la provincia
Debido a que el distrito gobernado por Kicillof optó por no intervenir de forma represiva, las consecuencias se sintieron de inmediato en el límite entre ambas jurisdicciones. Por otra parte, la ministra Monteoliva fue tajante al señalar que la falta de límites promueve métodos extorsivos por parte de las agrupaciones sociales. Por lo tanto, advirtió que el Gobierno nacional no cederá ante estas presiones y continuará defendiendo la vigencia de las normas federales. En este sentido, la funcionaria subrayó que, mientras en la provincia impera el descontrol, en las zonas de competencia nacional la regla absoluta seguirá siendo el mantenimiento del orden público.
En cuanto al despliegue operativo, la ministra confirmó que las fuerzas federales mantienen su presencia en los puntos estratégicos donde tienen jurisdicción legal. Sin embargo, lamentó que la eficacia de sus tareas se vea disminuida por la falta de coordinación con el distrito bonaerense. Por tal motivo, la decisión de aplicar el protocolo antipiquetes de manera unilateral marca una brecha profunda en la gestión de la seguridad metropolitana. Según el comunicado oficial, el objetivo del Ejecutivo es garantizar que la paz social no sea alterada por grupos que buscan desafiar la autoridad del Estado nacional.
El despliegue de las fuerzas federales ante el caos
Por último, la sucesora de Patricia Bullrich ratificó que no habrá dudas al momento de actuar donde la Nación tenga potestad. Seguramente, el debate por la seguridad en las rutas continuará siendo un eje de fricción constante entre el kirchnerismo y el oficialismo libertario. No obstante, desde la Casa Rosada insisten en que la libertad de vivir en paz debe prevalecer sobre cualquier reclamo sectorial que utilice el bloqueo de caminos como herramienta. De esta forma, el escenario queda planteado como una disputa de modelos de gestión donde la aplicación estricta de la ley se enfrenta a la tolerancia de la protesta social.
