Las definiciones sobre el presupuesto nacional y los haberes previsionales vuelven a generar fuertes cruces en el escenario político de la Argentina. Durante la habitual ronda de protestas en el Congreso, referentes de la oposición salieron a cruzar con dureza los lineamientos económicos trazados por la Casa Rosada. La acusación principal apunta a una supuesta pérdida de autonomía en la toma de decisiones presupuestarias a favor de las metas fiscales fijadas por los organismos multilaterales de crédito.
El fuerte reclamo por las jubilaciones
La referente de la izquierda sostuvo que existe un pacto del Gobierno con el FMI para evitar recomponer los ingresos del sector previsional. Tras formar parte de las concentraciones frente al Congreso, la legisladora nacional remarcó que los montos percibidos por la clase pasiva se determinan en base a las pautas fijadas por Kristalina Georgieva. Asimismo, enfatizó que la falta de mejoras reales para los jubilados no responde a un hecho fortuito, sino a una exigencia directa del organismo crediticio internacional.
Por otro lado, la dirigente cuestionó el esquema presupuestario vigente al señalar que la administración central prioriza el equilibrio financiero por sobre las urgencias de los sectores vulnerables. De acuerdo con su visión, las decisiones del Ministerio de Economía están totalmente supeditadas a las revisiones periòdicas de la entidad financiera global. En consecuencia, advirtió que la política fiscal actual profundiza la brecha social y castiga a quienes aportaron durante décadas.
Un plan de austeridad que afecta a varios sectores
Por consiguiente, la diputada calificó el rumbo económico de la gestión como un proceso de transferencia de recursos hacia las grandes corporaciones. Desde su perspectiva, el alineamiento internacional adoptado por el Presidente coloca a la Argentina en una situación de debilidad soberana frente al exterior. Por ende, consideró que la prioridad oficial está puesta en garantizar los negocios de firmas mineras antes que en resolver la pérdida del poder adquisitivo de los asalariados.
Además, la legisladora contrapuso la narrativa oficial con la difícil situación social que se percibe a diario en los barrios. Para la referente del FIT, la acelerada caída de los ingresos golpea tanto a los adultos mayores como a los beneficiarios de la asistencia estatal. Por lo tanto, remarcó que las restricciones imprevistas sobre las partidas sociales obedecen exactamente a la misma estrategia de ajuste dictada desde el exterior.
La propuesta para unificar los reclamos sociales
En consecuencia, las medidas de fuerza comienzan a articularse entre las agrupaciones gremiales y las organizaciones sociales en busca de frenar el programa fiscal. Ante esta coyuntura, la dirigente propuso articular un gran reclamo federal para canalizar el descontento de docentes, jubilados y empleados despedidos. Por esa razón, impulsó la idea de coordinar una multitudinaria «marcha de la bronca» para hacer visible la protesta en las calles.
Finalmente, la estrategia de la izquierda busca consolidar un frente de acción directa que logre modificar la orientación económica del oficialismo. Por consiguiente, los referentes del sector confían en que el malestar acumulado se traducirá en una contundente presencia callejera. En definitiva, aseguran que la movilización popular es la única herramienta efectiva para contrarrestar la influencia del pacto del Gobierno con el FMI en la agenda nacional.
