La interna política sumó un capítulo explosivo con las declaraciones de Mariano Recalde. El legislador apuntó contra la designación de jueces y los acuerdos entre Nación y Ciudad, calificando de «obsceno» el vínculo entre sentencias y nombramientos. Para Recalde, el sistema actual solo garantiza impunidad a sectores económicos, lo que motiva su propuesta de una reestructuración total que comience por la Corte Suprema.
Cuestionamientos al sistema de justicia nacional
El escenario político se vio sacudido por las recientes declaraciones del senador Mariano Recalde, quien impulsó la necesidad de una reforma profunda del Poder Judicial como eje central del próximo programa peronista. Durante una entrevista radial, el legislador porteño analizó con suspicacia la situación del juez Víctor Pesino. El magistrado recibió un pedido de prórroga en su cargo por parte del Poder Ejecutivo poco después de haber dictado una sentencia que favoreció la aplicación de cambios en la normativa de trabajo.
Recalde señaló que la sincronía entre el fallo y el beneficio administrativo para el juez resulta, a su criterio, una evidencia de irregularidad institucional. Por consiguiente, el senador manifestó que la celeridad con la que el gobierno de Javier Milei actuó para extender el mandato del magistrado por un lustro más es inusual. Según su perspectiva, este movimiento administrativo desnudó un acuerdo político subyacente que debilita la imparcialidad que debería regir en los tribunales nacionales.
Negociaciones por vacantes y reforma profunda del Poder Judicial
En otro tramo de su intervención, el referente de Unión por la Patria denunció un supuesto convenio entre la administración central y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El legislador explicó que existía un compromiso previo para no designar nuevos magistrados en el ámbito de la Justicia Nacional. No obstante, advirtió que el oficialismo rompió su propia premisa de vaciamiento progresivo del sistema para premiar comportamientos judiciales específicos que benefician sus intereses legislativos.
Debido a esto, Recalde insistió en que una reforma profunda del Poder Judicial es el único camino para evitar que la justicia sea utilizada como una herramienta de persecución o de intercambio de favores. Aseguró que la Justicia Nacional es blanco de ataques oficiales debido a su histórica tradición en la defensa de los derechos de los trabajadores. Además, remarcó que el intento de traspasar estas competencias al ámbito porteño busca desarticular la protección legal de los sectores laborales frente a las grandes corporaciones.
Estrategia institucional frente al poder económico
La propuesta del senador no se limita a cambios técnicos, sino que apunta directamente a la cúpula del sistema. Afirmó que cualquier transformación social quedará trunca si no se renueva la composición de la Corte Suprema de Justicia. En sus palabras, el esquema actual funciona como un blindaje para figuras políticas de la oposición y para los grandes grupos económicos, mientras que acelera procesos de proscripción contra líderes populares cuando deciden presentarse a elecciones.
Finalmente, el legislador recalcó que esta reestructuración debe ser una prioridad absoluta para un eventual regreso del peronismo a la Casa Rosada. Sostuvo que, de no modificarse las estructuras actuales, la impunidad de los funcionarios vinculados a gestiones anteriores y el hostigamiento a dirigentes de su espacio político persistirán de manera indefinida. En conclusión, Recalde posicionó la intervención sobre el sistema jurídico como la base indispensable para garantizar la equidad y la soberanía política en el país.
