El dirigente social Juan Grabois criticó la decisión del Ministerio de Capital Humano de dar de baja 900.000 planes sociales para reemplazarlos por vouchers. El referente de Unión por la Patria alertó sobre el avance del narcotráfico ante el retiro del Estado y cuestionó duramente la gestión de la ministra Sandra Pettovello en los barrios…
Cruces por el desmantelamiento de la economía popular
La tensión entre los movimientos sociales y el Gobierno Nacional alcanzó un nuevo pico tras el anuncio oficial sobre la reestructuración de los planes de empleo. Juan Grabois, referente de Unión por la Patria, manifestó su rechazo absoluto a la eliminación de casi un millón de beneficios que serán sustituidos por un sistema de capacitación. Según el dirigente bonaerense, este retiro de la asistencia estatal representa un golpe devastador para los trabajadores que perciben ingresos mínimos en un contexto de alta inflación.
Por consiguiente, Grabois utilizó sus plataformas digitales para denunciar lo que considera un ataque sistemático hacia las cooperativas y las organizaciones de base. En este sentido, acusó a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, de ignorar la realidad de quienes sostienen comedores y merenderos en las zonas más postergadas del país. No obstante, el foco de su crítica se centró en la desprotección de sectores vulnerables, como las costureras que lograron salir de condiciones laborales precarias gracias a la organización comunitaria.
Las consecuencias sociales del retiro de la asistencia estatal
Efectivamente, el abogado y referente social advirtió sobre los peligros institucionales que conlleva el abandono de las políticas de integración urbana. Grabois sostuvo que, cuando el Gobierno decide retirar las herramientas de empleo y perseguir a las agrupaciones territoriales, genera un vacío que es aprovechado por el crimen organizado. Debido a esta situación, lanzó una alerta sobre cómo el narcotráfico ocupa los espacios donde el Estado deja de tener presencia activa, convirtiendo los barrios en zonas de influencia para economías ilegales.
Asimismo, el dirigente comparó la situación de los trabajadores informales con los recientes escándalos que salpican a funcionarios de la gestión de Javier Milei. Por esta razón, mencionó el uso del avión presidencial por parte de figuras del gabinete como un contraste ético frente a la quita de salarios sociales de apenas 78.000 pesos. Por otro lado, vinculó la destrucción de puestos de trabajo con supuestos financiamientos espurios de campañas políticas, citando casos que han tomado estado público en las últimas semanas.
Tensión creciente y pronósticos de conflicto
De igual importancia resulta la visión del dirigente sobre el clima de malestar que se percibe en las barriadas populares de la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, Kicillof y otros mandatarios observan con preocupación el impacto de estas medidas en el tejido social bonaerense. Grabois fue tajante al señalar que la administración central está cerrando «fábricas de producción» mientras mantiene abiertas «fábricas de mentiras» para justificar el ajuste fiscal.
Finalmente, el referente de los trabajadores excluidos vaticinó una respuesta colectiva ante lo que define como una provocación constante por parte del Ejecutivo. Seguramente, las próximas semanas estarán marcadas por una mayor movilización de los sectores afectados por el retiro de la asistencia estatal en todo el país. En efecto, el dirigente concluyó sus declaraciones asegurando que la unión de los sectores postergados derivará en un reclamo masivo que el Gobierno no podrá ignorar en el corto plazo.
