Rodrigo de Loredo solicitó a los legisladores de su espacio en la Unicameral de Córdoba que impulsen un pedido de juicio político contra la vicegobernadora y presidenta de la Legislatura, Myrian Prunotto. El reclamo se basa, según el exdiputado nacional de la UCR, en presuntas irregularidades vinculadas con la administración del cuerpo legislativo y el caso del legislador Ramón Flores.
Rodrigo de Loredo impulsa juicio político contra Prunotto
El exdiputado nacional de la UCR Rodrigo de Loredo pidió formalmente a los integrantes de su bloque en la Legislatura de Córdoba que presenten un pedido de juicio político contra Myrian Prunotto. El planteo apunta contra la vicegobernadora provincial, quien además ocupa la presidencia de la Unicameral.
De acuerdo con los argumentos expuestos por De Loredo, la presentación debería sustentarse en las causales de mal desempeño e indignidad, contempladas en el artículo 112 de la Constitución de la Provincia de Córdoba. El dirigente radical cuestionó, además, distintas decisiones relacionadas con el funcionamiento administrativo y la seguridad interna de la Legislatura.
En ese marco, De Loredo sostuvo que desde que Prunotto asumió la conducción del cuerpo legislativo aumentaron las situaciones que, a su entender, requieren explicaciones. Su pedido se produjo luego de una serie de cuestionamientos relacionados con designaciones de personal y con la situación del legislador oficialista Ramón Flores.
El caso de Ramón Flores quedó en el centro del reclamo
Uno de los principales argumentos planteados por el dirigente radical está relacionado con Ramón Flores, legislador peronista que representa al departamento Río Seco. De Loredo cuestionó las incorporaciones realizadas en el equipo de trabajo del legislador y aseguró que algunas de las personas designadas contarían con antecedentes judiciales.
Según denunció el exdiputado, una de esas personas habría sido incorporada a la Legislatura pese a contar previamente con antecedentes por un delito de abuso sexual contra menores. Además, afirmó que existirían otros cuatro colaboradores con antecedentes penales vinculados, según sus dichos, con delitos como abuso de menores y peculado.
De Loredo también hizo referencia a la situación patrimonial de Flores. En particular, señaló que habría desaparecido una primera declaración jurada presentada por el legislador en 2007, un aspecto que incorporó entre los cuestionamientos formulados públicamente.
La Legislatura rechazó apartar a Flores
El conflicto también tuvo un capítulo dentro del recinto de la Unicameral. La mayoría oficialista rechazó el apartamiento de Flores y el expediente terminó siendo enviado a la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, decisión que dejó pendiente su tratamiento inmediato.
Frente a esa situación, De Loredo cuestionó la actuación de la conducción legislativa y habló de una presunta situación de impunidad. El dirigente radical también apuntó directamente contra Prunotto por la falta de sanciones contra el legislador de Río Seco.
El reclamo no quedó limitado al expediente relacionado con Flores. Además, Rodrigo de Loredo impulsa juicio político a partir de una serie de cuestionamientos administrativos que atribuye a la gestión de Prunotto al frente de la Legislatura.
Las otras denuncias planteadas por De Loredo
Entre los puntos mencionados por el exdiputado aparecen supuestos casos de empleados que cobrarían sin cumplir funciones, además de cuestionamientos relacionados con el acceso a información por parte de periodistas.
De Loredo también mencionó el período en el que Prunotto permaneció en Estados Unidos, al que calificó como un “autoexilio” y vinculó con una supuesta falta de explicaciones. Asimismo, cuestionó la designación de una persona para tareas de custodia a la que atribuyó antecedentes de maltrato.
Todos estos señalamientos forman parte de los argumentos políticos expuestos por De Loredo para solicitar que los legisladores radicales avancen con el pedido de juicio político. El planteo deberá ahora atravesar las instancias correspondientes dentro de la Legislatura provincial.
El conflicto abre, de este modo, una nueva disputa política en Córdoba y coloca bajo cuestionamiento la conducción de la Unicameral, mientras el radicalismo reclama explicaciones sobre las decisiones administrativas y parlamentarias adoptadas durante la gestión de Prunotto.
