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Sergio Schoklender apunta contra Aníbal Fernández en el juicio de Sueños Compartidos

Declaración judicial donde Sergio Schoklender apunta contra Aníbal Fernández ante el tribunal

Las audiencias judiciales por presuntas irregularidades en la obra pública volvieron al centro de la escena política. Un testimonio clave reactivó las acusaciones cruzadas respecto al destino de los fondos estatales y el financiamiento de actividades partidarias durante el kirchnerismo. Sergio Schoklender apunta contra Aníbal

Fuertes imputaciones en el Tribunal Oral Federal

La causa que analiza las presuntas anomalías en la construcción de unidades habitacionales sumó un capítulo de alto impacto político. En su comparecencia ante los magistrados, Sergio Schoklender apunta contra Aníbal Fernández al revelar un presunto esquema de financiamiento espurio orientado a perseguir judicialmente a referentes del PRO. El exadministrador de la organización de derechos humanos prestó declaración este miércoles, oportunidad en la que desligó su responsabilidad respecto a las maniobras de defraudación que se le atribuyen. Según su relato, existieron presiones para armar un engranaje de presentaciones en los tribunales federales utilizando estructuras académicas.

La declaración apuntó de manera directa a la participación del letrado constitucionalista Eduardo Barcesat. De acuerdo con el testimonio brindado, este abogado habría persuadido a la entonces titular de la entidad, Hebe de Bonafini, para conseguir el respaldo económico del exjefe de Gabinete. El declarante manifestó que la intención original consistía en coordinar una seguidilla de imputaciones constantes contra los principales referentes del macrismo, una estructura operativa que requería un flujo monetario permanente para sostenerse en el tiempo.

El rol de la estructura universitaria y los subsidios estatales

La triangulación de los recursos públicos se habría implementado mediante una dependencia académica creada específicamente para tal fin. El acusado detalló ante los jueces que se conformó un departamento especializado en investigación en el ámbito de la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo. Esta oficina técnica obtenía una asignación periódica gestionada por el exministro coordinador, cuyo destino final eran los honorarios del abogado encargado de redactar las acusaciones contra la fuerza opositora. El imputado remarcó que ese dinero revestía un carácter fijo y se acoplaba a las diversas vías de ingresos que manejaba la institución.

En relación con los delitos económicos que se le imputan, el exapoderado desestimó cualquier tipo de malversación o beneficio patrimonial ilícito a costa del erario público. La defensa del procesado argumentó que la totalidad de los recursos asignados fueron invertidos en el desarrollo del plan inmobiliario, al cual calificó como una de las iniciativas más transparentes de la gestión pública. En esa línea de argumentación, aseveró que llegó a comprometer bienes de su propiedad para garantizar la operatividad de los obradores, mencionando la adquisición de aeronaves con capitales personales.

Fondos de origen caribeño y el objeto de la causa

El testimonio también ventiló el ingreso de divisas provenientes del plano internacional durante el desarrollo del programa de urbanización. El exdirectivo admitió que la entidad social percibió contribuciones monetarias por parte del exmandatario de Venezuela, Hugo Chávez. Al respecto, sugirió de modo sarcástico que una porción de aquellas remesas no llegó a registrarse en las arcas institucionales. El imputado insistió en que el remanente de los contratos de construcción representaba el principal sustento de las actividades diarias.

El proceso judicial intenta determinar las responsabilidades penales en el uso de los fondos transferidos por el Estado nacional entre los años 2008 y 2011. La hipótesis del Ministerio Público Fiscal sostiene que de un total aproximado de 748 millones de pesos otorgados a la organización, una suma cercana a los 206 millones de pesos fue apartada de su destino original. Paralelamente, la Justicia mantiene abierta una línea de investigación complementaria orientada a comprobar maniobras de blanqueo de capitales a través de firmas comerciales vinculadas a los hermanos Schoklender.

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