La interna judicial en el corazón del Gobierno suma un nuevo capítulo de alta tensión parlamentaria. Mientras el fiscal Gerardo Pollicita avanza con las declaraciones testimoniales en la causa por presunto enriquecimiento ilícito, una de las voces más fuertes de La Libertad Avanza salió al cruce de las acusaciones. Con tecnicismos legales y una postura confrontativa, la senadora bonaerense Florencia Arietto analizó las pruebas existentes y vaticinó un destino de archivo para el expediente que hoy preocupa al entorno presidencial.
Una defensa técnica en los medios
El escenario político se vio sacudido por la firme postura de la legisladora provincial frente a los micrófonos de la señal La Nación +. En medio de las consultas sobre la evolución patrimonial del vocero presidencial, Arietto defendió a Adorni alegando que la Justicia está actuando como árbitro de una disputa meramente política sin contar con elementos típicos de un delito penal. Por consiguiente, la senadora subrayó que no existe lógica en imputar a un funcionario basándose únicamente en sospechas mediáticas sin pruebas concretas.
Por tal motivo, la referente oficialista explicó que la presencia de hipotecas a nombre del jefe de Gabinete es una señal de transparencia y no de corrupción. Debido a que estas deudas aún no han vencido, resulta imposible hablar de un incremento patrimonial injustificado bajo los parámetros legales vigentes. De esta manera, advirtió que la causa carece de la sustancia necesaria para prosperar, asegurando que el proceso judicial se encamina hacia un cierre por inexistencia de conducta delictiva.
Los argumentos por los que Arietto defendió a Adorni
La legisladora detalló minuciosamente la situación inmobiliaria que originó la denuncia, mencionando una propiedad ubicada en la calle Asamblea. Según su visión, el inmueble está valuado en una cifra que permite cubrir los compromisos financieros pendientes, descartando cualquier anomalía en los números del funcionario. Asimismo, Arietto defendió a Adorni al señalar que el delito de enriquecimiento ilícito exige una desproporción clara que, en este expediente, no se verifica de ninguna forma.
En consecuencia, el foco de la discusión se trasladó a las deudas declaradas por el vocero, las cuales ascenderían a unos 70.000 dólares según testimonios recientes. Por tal razón, la senadora insistió en que el cumplimiento de los plazos de pago, previstos para finales de este año, es la prueba definitiva de que los fondos tienen un origen lícito y rastreable. Por lo tanto, calificó la investigación como un intento de convertir al funcionario en un «monstruo» ante la opinión pública ante la falta de argumentos técnicos.
Avances y testimonios en la causa judicial
Por otro lado, la actividad en los tribunales federales continúa con el desfile de testigos citados por la fiscalía de Pollicita. Durante la jornada del miércoles, prestaron declaración dos jubiladas vinculadas al caso, sumándose a los dichos previos de profesionales que certificaron préstamos privados realizados al jefe de Gabinete. No obstante, para la defensa política del oficialismo, estas declaraciones solo ratifican que se trata de transacciones privadas debidamente documentadas ante escribano público.
Finalmente, el recorrido político de la senadora le otorga un perfil particular para abordar temas de seguridad y justicia, tras su paso por diversas gestiones y su reciente incorporación a las filas libertarias. Por consiguiente, su intervención busca blindar la imagen de una de las figuras con mayor exposición del Ejecutivo en un momento de sensibilidad social. En conclusión, el devenir de la investigación dependerá de los próximos peritajes contables, mientras el oficialismo cierra filas para sostener la inocencia de su coordinador ministerial.
