La tensión política entre La Libertad Avanza y el PRO sumó un capítulo de alto voltaje tras una fuerte réplica del Poder Ejecutivo contra una de las máximas referentes de la oposición dialoguista. Mediante un documento oficial, la gestión nacional arremetió contra la exmandataria provincial por haber cuestionado la evolución patrimonial de un funcionario clave de la administración central.
Cruce oficialista por declaraciones de la exgobernadora
El Poder Ejecutivo Nacional, mediante la Oficina de Respuesta Oficial, cruzó con dureza a la actual diputada nacional luego de sus declaraciones mediáticas. En consecuencia, la administración central emitió un fuerte descargo titulado «La hipocresía de María Eugenia Vidal» para responder a los cuestionamientos sobre el patrimonio de Manuel Adorni. Por lo tanto, el entorno presidencial acusó a la dirigente de intentar dar cátedra moral mientras arrastra un complejo historial en los tribunales.
Por consiguiente, las autoridades nacionales lamentaron que la referente de la oposición centre sus energías en cuestionar a la gestión actual. En este sentido, señalaron que la exmandataria bonaerense prefiere confrontar en lugar de respaldar las transformaciones legislativas que el oficialismo debate en el Congreso de la Nación. Adicionalmente, recordaron que el propio partido de la legisladora acompaña gran parte de estas iniciativas estructurales.
El Gobierno atacó a María Eugenia Vidal rememorando sus causas judiciales
La réplica de la Casa Rosada hizo foco en los expedientes judiciales que salpicaron a la exfuncionaria durante sus años de gestión. Efectivamente, el comunicado oficial rememoró la investigación por presunto enriquecimiento ilícito vinculada a la adquisición de una propiedad en el barrio porteño de Recoleta. Según aquellos datos, el valor real del inmueble oscilaba entre los 340.000 y 500.000 dólares, una cifra muy lejana a los 95.000 dólares que figuraban en su declaración jurada.
Además de este expediente, la Casa Rosada trajo a la escena pública el escándalo de los aportantes truchos registrado durante la campaña electoral de 2018. En aquella oportunidad, la justicia investigó la utilización de identidades de personas vulnerables que recibían asistencia social para simular donaciones financieras. Por esa razón, el texto oficial calificó la actitud de la dirigente como una muestra de falsedad y falta de transparencia que caracterizó a una etapa de la política local.
Reproches dirigidos a la administración de Mauricio Macri
Por otra parte, la Oficina de Respuesta Oficial desestimó la defensa que la diputada realizó sobre la gestión de Cambiemos. La legisladora había afirmado que el expresidente no hubiese tolerado que un funcionario pasara semanas sin aclarar su situación patrimonial. Sin embargo, las autoridades actuales recordaron que el exjefe de Estado jamás le exigió la dimisión a la gobernadora pese al peso de las denuncias en su contra.
De este modo, el oficialismo remarcó la existencia de un doble estándar ético que consiste en sobreactuar indignación frente a los rivales y garantizar protección para los propios. Igualmente, el escrito consideró ridículo que se ponga en duda la honestidad de la actual conducción ministerial. En última instancia, la cúpula gubernamental buscó desactivar los reproches éticos de la oposición aliada recordándoles sus propias deudas pendientes con la justicia penal.
