Una profunda indignación sacude al arco político tras el brutal crimen de Agostina Vega. En las vísperas de una nueva movilización social, Victoria Donda alzó la voz para denunciar la alarmante inacción de las autoridades judiciales, quienes contaban con antecedentes gravísimos del principal sospechoso y decidieron ignorar las señales de peligro antes del trágico desenlace.
Fuertes críticas al desempeño judicial por el femicidio de Agostina Vega
La conmoción social por el asesinato de la adolescente de 14 años derivó en un fuerte debate sobre las responsabilidades institucionales del Estado. Por lo tanto, diversos referentes políticos y sociales expresaron su rechazo a los mecanismos actuales de protección de los derechos humanos. En este marco, Victoria Donda denunció las falencias de la investigación por el femicidio de Agostina Vega y apuntó contra los magistrados intervinientes.
Efectivamente, la ex funcionaria manifestó su profunda preocupación por la demora en la carátula inicial de la causa penal correspondientemente. Por consiguiente, el tratamiento del expediente no contempló la perspectiva de género obligatoria desde las primeras horas del hallazgo del cuerpo. De esta manera, el sistema judicial vuelve a exhibir una alarmante desconexión con los protocolos internacionales vigentes para la preservación de la vida de mujeres y niñas.
Los antecedentes desoídos por el Ministerio Público Fiscal
Asimismo, la dirigente remarcó que el presunto autor material del crimen ya registraba denuncias penales previas de extrema gravedad en su contra. Por esta razón, una víctima anterior había logrado evadir un cautiverio forzado dentro de la misma vivienda del sospechoso tiempo atrás. En consecuencia, las alarmas del engranaje judicial debieron haberse activado de forma inmediata para evitar futuras agresiones mortales.
Por otra parte, la referente política atribuyó estas fallas a la matriz patriarcal que impera en los despachos de los tribunales argentinos. De hecho, cuestionó los criterios procesales que posibilitaron la pronta liberación del sospechoso tras su primera detención formal. Por este motivo, la desestimación sistemática de las denuncias iniciales coloca a las víctimas en una situación de total desamparo frente a sus agresores.
Reclamos presupuestarios en la víspera de la movilización nacional
Con respecto a las políticas de prevención, la ex titular del organismo antidiscriminación alertó sobre el retroceso en materia de financiamiento estatal. Adicionalmente, criticó la parálisis de los programas territoriales de asistencia psicológica y legal para mujeres en situación de vulnerabilidad social. Por lo tanto, insistió en que el desfinanciamiento de las áreas públicas especializadas incrementa los índices de letalidad en todo el territorio.
Finalmente, la convocatoria a la tradicional marcha de protesta unificó las demandas de justicia más allá de las banderías partidarias tradicionales. En conclusión, el tratamiento del femicidio de Agostina Vega y la impunidad judicial operan como los ejes centrales de una demanda colectiva impostergable. Solamente mediante la reforma integral del Poder Judicial se podrá garantizar el derecho fundamental a una vida libre de violencias.
