Gabriel Katopodis cuestionó la privatización de AySA impulsada por el Gobierno de Javier Milei y puso el foco en el futuro esquema tarifario de la empresa. El ministro bonaerense advirtió que la concesión podría extenderse durante 30 años y cuestionó la ausencia de límites sobre los valores que podría cobrar la futura operadora.
Gabriel Katopodis cuestionó la privatización de AySA
Gabriel Katopodis cuestionó la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) que lleva adelante el Gobierno nacional. El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense manifestó su rechazo mediante un video y apuntó especialmente contra las condiciones previstas para la transferencia de la compañía.
Según explicó el funcionario, el Ejecutivo nacional proyecta desprenderse del 90% de las acciones de AySA por un plazo de 30 años. Además, cuestionó el impacto que el nuevo esquema podría generar sobre los usuarios del servicio de agua potable y cloacas.
AySA presta servicios esenciales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en 26 municipios del conurbano bonaerense. Por eso, Katopodis centró parte de su planteo en las consecuencias que podría tener el cambio de gestión sobre millones de usuarios.
Las advertencias sobre las tarifas
El ministro bonaerense sostuvo que uno de los principales puntos de preocupación está relacionado con el régimen tarifario previsto para la futura concesión. En particular, cuestionó que el esquema no establezca, según su interpretación, un límite para los aumentos que pueda aplicar la empresa.
“Milei no vino a arreglar lo que estaba mal. Vino a romper lo que funciona”, afirmó Katopodis al expresar su rechazo a la iniciativa. Además, sostuvo que la compañía podría quedar durante décadas bajo el control de un operador privado.
En ese contexto, el funcionario alertó sobre la posibilidad de nuevos aumentos en las facturas de agua y cloacas. Su argumento se concentró así en el vínculo entre el modelo de concesión, la necesidad de financiar el servicio y el precio que deberán afrontar los usuarios.
El esquema previsto para AySA
El proceso de privatización se encuentra contemplado dentro de la reorganización del Estado establecida por la Ley Bases, que incluyó a AySA entre las empresas alcanzadas por las medidas de transformación y privatización.
La propuesta contempla la venta de la participación mayoritaria de la empresa. Al mismo tiempo, una parte minoritaria del capital quedaría reservada para los trabajadores mediante el Programa de Propiedad Participada.
El modelo planteado establece además que la futura concesionaria deberá cubrir sus gastos operativos y financiar las obras de infraestructura con los recursos obtenidos mediante el cobro del servicio. Por lo tanto, el funcionamiento económico de la compañía quedaría vinculado directamente a los ingresos provenientes de las tarifas.
El reclamo de Katopodis por el servicio
Frente a ese escenario, Katopodis cuestionó que el agua y el saneamiento sean considerados bajo una lógica exclusivamente comercial. El ministro planteó que se trata de una prestación esencial y defendió la idea de que el acceso al agua debe mantenerse como un derecho de carácter público.
“El agua no es un negocio para que los amigos de Milei se llenen los bolsillos. El agua es un recurso común a todos los argentinos”, sostuvo el funcionario bonaerense al finalizar su mensaje.
Su postura se suma al debate político generado alrededor del futuro de AySA y de las condiciones bajo las cuales podría concretarse la transferencia de la mayoría accionaria. La discusión tiene como uno de sus principales ejes el impacto del nuevo modelo sobre las tarifas y la prestación de los servicios de agua potable y cloacas.
Qué plantea el Gobierno para la empresa
El esquema de privatización busca modificar el actual modelo de gestión de AySA y transferir la mayoría de sus acciones al sector privado. La operación mantiene, al mismo tiempo, una participación destinada a los trabajadores a través del mecanismo de propiedad participada.
La futura empresa concesionaria deberá afrontar los costos de funcionamiento y las inversiones necesarias con los ingresos derivados de la prestación del servicio. En consecuencia, el régimen tarifario ocupa un lugar central en la discusión sobre la viabilidad económica del nuevo modelo.
Mientras el Gobierno nacional avanza con el proceso, Katopodis sostiene una posición contraria y advierte sobre las consecuencias que, a su entender, podría generar la privatización. Su principal preocupación está puesta en el precio del servicio y en el carácter esencial del acceso al agua y al saneamiento.
