La realidad financiera de IOSFA dio un giro inesperado tras la filtración de sus estados contables previos a la actual administración. Mientras los afiliados sufren la falta de servicios, los registros muestran un excedente que pone en jaque el discurso de la «pesada herencia» y apunta directamente a la conducción del Ministerio de Defensa y la gestión de fondos públicos.
Los datos que desmienten el colapso financiero
La situación actual de la obra social castrense se encuentra bajo la lupa debido a la gestión de fondos públicos que realizó la actual conducción. Un documento interno recientemente filtrado demuestra que, antes del desembarco de las nuevas autoridades, la entidad gozaba de un superávit de 25.000 millones de pesos. Por consiguiente, los argumentos oficiales que responsabilizaban a la administración anterior por el corte de servicios médicos pierden sustento técnico frente a los registros contables.
De hecho, la capacidad de ahorro del organismo no solo era estable, sino que había experimentado un incremento del 5,4% durante el último ciclo previo al traspaso de mando. Además, el patrimonio neto de la institución escaló significativamente hasta alcanzar los $32.260 millones. Este escenario financiero permitía una liquidez inmediata muy robusta para cubrir cualquier tipo de compromiso con los prestadores de salud en todo el territorio nacional.
Auditoría revela excedentes en la gestión de fondos públicos
Durante el año 2023, la entidad aplicó una estrategia financiera basada en colocaciones a plazo fijo para resguardar el capital frente al fenómeno inflacionario. Gracias a este mecanismo de gestión de fondos públicos, el flujo neto de efectivo cerró con un saldo positivo superior a los 4.000 millones de pesos. Sin embargo, la estabilidad se rompió con la llegada de los funcionarios designados por la actual cartera de Defensa, todos ellos oriundos de la provincia de Mendoza.
En primer lugar, la presidencia de Oscar Sagás quedó marcada por la solicitud de un préstamo de 14.000 millones de pesos que nunca se canceló, a pesar de haber recibido un organismo con cuentas saneadas. Posteriormente, su sucesor, Roberto Fiocchi, incrementó la deuda de manera alarmante al gestionar otro crédito por 42.000 millones de pesos. Finalmente, la inestabilidad institucional se profundizó con la renuncia de Betsabé Betina Surballe tras apenas seis meses en el cargo.
Denuncia penal y acusaciones de abandono de persona
La crisis prestacional y el presunto vaciamiento motivaron una presentación judicial de alta gravedad institucional contra el ministro Luis Petri. La diputada nacional Lourdes Arrieta impulsó la denuncia, que actualmente tramita en el juzgado de Daniel Rafecas bajo cargos de administración fraudulenta y malversación. No obstante, el punto más sensible de la acusación radica en la figura de abandono de persona, debido a los miles de afiliados que perdieron su cobertura médica esencial.
Por otro lado, la legisladora incorporó como evidencia una serie de comunicaciones y testimonios de damnificados que relatan la imposibilidad de acceder a tratamientos urgentes. Asimismo, la causa busca determinar si existió un plan deliberado para desfinanciar la obra social mediante el desvío de los excedentes heredados. En este sentido, la justicia federal deberá peritar los estados contables para confirmar si los fondos millonarios desaparecieron bajo la actual tutela ministerial.
El impacto en los afiliados de las Fuerzas Armadas
Mientras la batalla judicial avanza en los tribunales de Comodoro Py, los beneficiarios de la obra social enfrentan una incertidumbre prestacional sin precedentes. Es por ello que diversos sectores vinculados a la defensa nacional exigen una intervención inmediata para normalizar los pagos a las clínicas y farmacias. Por el momento, la cúpula del organismo no ha emitido una respuesta oficial coherente que explique el destino del superávit de 25.000 millones de pesos reportado originalmente.
En conclusión, la contradicción entre los números del balance y la falta de insumos básicos en los hospitales militares genera un malestar creciente en las filas castrenses. Por esta razón, el avance de la pericia contable será determinante para establecer si los créditos millonarios solicitados fueron necesarios o si formaron parte de una maniobra de fraude. La defensa de la patria, según sostienen los denunciantes, comienza por garantizar el derecho a la salud de quienes sirven a la nación.
