La tensión entre la Ciudad y la Provincia escaló a niveles económicos sin precedentes. Jorge Macri presentó un informe detallado que expone cómo los contribuyentes porteños financian la asistencia de miles de bonaerenses en paradores capitalinos. El reclamo, que supera los 27.000 millones de pesos, se apoya en un decreto nacional que obliga a cada jurisdicción a hacerse cargo de sus habitantes.
Tensión entre jurisdicciones por fondos de asistencia social
El conflicto político entre la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires sumó un capítulo de alta intensidad económica este miércoles. En una comunicación directa, el jefe de Gobierno Jorge Macri exige a Axel Kicillof el desembolso de una suma millonaria vinculada a la atención de personas vulnerables. Según la administración porteña, el territorio capitalino está absorbiendo gastos de asistencia que corresponden legalmente a la gestión bonaerense debido al domicilio de los beneficiarios.
Por consiguiente, el alcalde de la Ciudad utilizó sus plataformas digitales para dar visibilidad a un informe que detalla la carga operativa de sus centros de asistencia. En ese sentido, los datos revelan que casi la mitad de las personas que pernoctan en refugios de la Capital Federal proceden de municipios de la Provincia. Por lo tanto, Macri sostiene que este desbalance financiero resulta insostenible para el presupuesto del distrito que comanda.
Los fundamentos del reclamo de Jorge Macri exige a Axel Kicillof
La base legal del pedido se apoya en el reciente Decreto 373/2025, el cual modificó la Ley de Situación de Calle a nivel nacional. Efectivamente, esta normativa estipula con claridad que la responsabilidad del alojamiento y cuidado de estas familias recae estrictamente en su jurisdicción de origen. Debido a esto, la Ciudad de Buenos Aires considera que el incumplimiento del gobernador bonaerense constituye una irregularidad que afecta directamente a los vecinos porteños.
Asimismo, el informe presentado por el Ejecutivo de la Ciudad destaca que actualmente existen 61 Centros de Inclusión Social bajo su órbita operativa. En total, estos espacios albergan a más de 4.600 individuos de forma ininterrumpida, de los cuales 2.327 mantienen su domicilio legal en territorio bonaerense. En consecuencia, el costo mensual por cada persona asistida supera el millón de pesos, acumulando una cifra total que ya traspasa los 27.000 millones.
Intimación ministerial y desglose de gastos operativos
Por otra parte, la presión no solo fue discursiva, sino que también se tradujo en acciones administrativas concretas por parte del gabinete de la Ciudad. Los ministros de Hacienda y de Desarrollo Humano enviaron una nota formal a sus pares provinciales para solicitar la transferencia inmediata de los fondos. Además, el documento exige la actualización de los montos acumulados desde la entrada en vigencia del nuevo marco normativo nacional.
Ciertamente, el tono del mensaje de Jorge Macri fue tajante al pedirle a su par bonaerense que deje de ignorar la legislación vigente. Por esa razón, los funcionarios capitalinos recalcaron que la Provincia cuenta con leyes propias para financiar estos programas, las cuales no estarían ejecutándose adecuadamente. De este modo, la disputa por los recursos económicos profundiza la brecha política entre ambos mandatarios en un contexto social de extrema fragilidad.
Finalmente, el Gobierno de la Ciudad advirtió que continuará reclamando los fondos necesarios para garantizar la sostenibilidad del sistema de inclusión. A pesar de la voluntad de asistencia, Macri remarcó que el «desgobierno» ajeno no debe ser financiado por los contribuyentes de su distrito. En definitiva, el desenlace de esta millonaria deuda dependerá de la respuesta oficial de La Plata en los próximos días.
