Una nueva batalla legal sacude la política bonaerense tras la embestida judicial de la legisladora libertaria contra el gobernador Axel Kicillof. La lupa está puesta sobre un esquema de órdenes de compra diarias y el financiamiento de portales con contenido automatizado, mientras la provincia enfrenta severas deudas en salud y salarios. El caso, que ya tramita en los tribunales de La Plata, promete revelar el entramado detrás de los 50 millones de dólares destinados a publicidad oficial en el último año.
Avance judicial por malversación de fondos públicos
El conflicto entre el oficialismo nacional y la gestión bonaerense sumó un capítulo explosivo tras la denuncia de Lilia Lemoine radicada en la UFIJ Nº 11 de La Plata. En este sentido, la legisladora libertaria acusa al gobernador Axel Kicillof y a parte de su gabinete por presunta malversación de fondos y abuso de autoridad. Por lo tanto, la Justicia deberá determinar si la administración provincial utilizó de manera irregular los recursos destinados a la pauta oficial durante el transcurso del año 2025.
En consecuencia, el planteo judicial sostiene que el gasto publicitario se mantuvo en niveles elevados mientras el sistema de salud atravesaba una crisis financiera profunda. No obstante, la presentación destaca que entidades como el IOMA y el Hospital Garrahan sufrieron desatenciones presupuestarias mientras se emitían órdenes de pago millonarias a medios de comunicación. Por esta razón, la diputada nacional utilizó sus redes sociales para exigir que el dinero de los contribuyentes no sea utilizado para el sostenimiento de figuras políticas.
Discrecionalidad y concentración del gasto publicitario
Debido a los datos presentados en el escrito, se observa una frecuencia inusual en la contratación de espacios publicitarios, con un promedio de 26 órdenes de compra por jornada. Asimismo, la denuncia de Lilia Lemoine pone el foco en que más de la mitad del presupuesto total habría sido absorbido por apenas diez grupos de medios. De igual importancia, se cuestiona la ausencia de licitaciones públicas o criterios objetivos de audiencia que justifiquen la asignación de estas partidas presupuestarias.
Por otro lado, la investigación apunta a la existencia de portales digitales que, según la acusación, operarían con contenido generado por inteligencia artificial y carecerían de lectores reales. Por consiguiente, los investigadores sospechan que ciertos empresarios de medios vinculados al kirchnerismo crearon estos sitios con el único fin de percibir fondos estatales sin cumplir una función informativa legítima. En este marco, los investigadores platenses pusieron bajo la lupa los nombres de esos empresarios porque presuntamente los favorecieron.
Impacto en la gestión de Axel Kicillof y su gabinete
Respecto a los funcionarios involucrados, la acusación alcanza también a la ministra de Comunicación Pública, Jesica Rey, y a la funcionaria Mariana Lopisi. Por lo cual, la Justicia provincial deberá peritar los registros oficiales para verificar si existen discrepancias entre los montos declarados y los efectivamente pagados. Posteriormente, el peritaje técnico buscará establecer si hubo negociaciones incompatibles con la función pública en el reparto discrecional de los aproximadamente 50 millones de dólares en disputa.
Finalmente, el escenario político se tensa ante la posibilidad de que se realicen allanamientos o pedidos de informes detallados a las dependencias bonaerenses. Por ejemplo, periodistas de investigación han señalado que la trazabilidad del dinero es clave para entender cómo se financió la estructura de comunicación oficialista durante el último periodo. En última instancia, la causa judicial marcará un precedente sobre el uso de la pauta pública en contextos de emergencia social y económica en el distrito más poblado del país.
