La tensión entre la Ciudad y la Provincia escaló tras la intervención de Silvia Lospennato, quien exigió el fin de los subsidios porteños a la gestión bonaerense. Con una deuda que supera los 27 mil millones de pesos por asistencia social, el conflicto pone el foco en la responsabilidad de Axel Kicillof sobre sus ciudadanos y el cumplimiento de las leyes nacionales vigentes.
El límite del financiamiento porteño a la Provincia
La controversia por los fondos destinados a la contención de personas vulnerables sumó un nuevo capítulo con la postura de Silvia Lospennato sobre el conflicto. La legisladora nacional fue tajante al afirmar que la Capital Federal ya no puede actuar como el soporte financiero de las falencias administrativas bonaerenses. En consecuencia, apoyó la decisión del Ejecutivo porteño de formalizar un cobro retroactivo por los servicios de asistencia prestados a ciudadanos que no pertenecen a su jurisdicción.
Efectivamente, Lospennato sostuvo que durante décadas se aceptó como normal que los contribuyentes de la Ciudad cubrieran prestaciones que la Provincia ignora. Sin embargo, la diputada remarcó que esta dinámica alcanzó un punto de saturación definitivo. Por lo tanto, instó al gobernador Axel Kicillof a asumir su rol como garante primario de los derechos de los habitantes de su territorio, especialmente en áreas críticas como el refugio y la alimentación básica.
La deuda millonaria y la postura de Silvia Lospennato
El reclamo monetario que impulsa la gestión de Jorge Macri asciende a una cifra superior a los 27 mil millones de pesos. Según el informe oficial, este monto representa el gasto acumulado por la Ciudad para brindar abrigo y sustento a personas con domicilio real en la provincia vecina. Además, el documento técnico especifica que cada individuo asistido implica una inversión mensual mayor al millón de pesos, lo cual impacta directamente en el presupuesto porteño diseñado para sus propios vecinos.
Debido a esto, la funcionaria del PRO manifestó que los bonaerenses merecen una administración capaz de garantizar salud, seguridad y educación sin delegar responsabilidades en otros distritos. Asimismo, aclaró que la Ciudad siempre atenderá la emergencia de cualquier familia en la calle, pero exigirá el reembolso correspondiente de cada centavo invertido. De este modo, la postura de Silvia Lospennato busca establecer una nueva regla de transparencia en la distribución de costos sociales dentro del Área Metropolitana de Buenos Aires.
Marco legal y el decreto nacional vigente
Por otro lado, la exigencia de pago no es un pedido arbitrario, sino que se sustenta en una modificación reciente de la normativa nacional. En efecto, el Decreto 373/2025 introdujo cambios clave en la ley de situación de calle, determinando que cada provincia es la responsable absoluta de la atención de sus ciudadanos. Por consiguiente, la administración porteña fundamenta su demanda en este principio de territorialidad legal que el gobierno de La Plata estaría omitiendo cumplir en la práctica cotidiana.
Por añadidura, los ministros de Hacienda y Desarrollo Humano porteños certificaron que el gasto total por esta prestación ya superó los 27.066 millones de pesos hasta el momento. No obstante, la Provincia todavía no ha dado señales de reconocer esta deuda millonaria, lo que profundiza la grieta política entre ambos distritos. Finalmente, el conflicto queda abierto a una resolución que podría sentar un precedente histórico sobre cómo se gestiona la pobreza y el financiamiento de los servicios públicos en las fronteras interjurisdiccionales del país.
