El abogado Gregorio Dalbón lanzó fuertes críticas contra el Gobierno nacional y el Poder Judicial por el manejo de la causa Libra. El letrado denunció una supuesta red de protección que beneficia a Javier y Karina Milei, cuestionando la inacción de la fiscalía ante las pruebas de irregularidades con criptomonedas y bienes del Estado.
Denuncias de parálisis judicial en Comodoro Py
La escena política y judicial argentina sumó un nuevo capítulo de alta tensión tras las declaraciones del abogado Gregorio Dalbón. El letrado, quien actúa como denunciante, apuntó directamente contra la Casa Rosada y el fiscal Eduardo Taiano por lo que considera una presunta impunidad en causa Libra. Según su visión, la investigación sobre el manejo de activos digitales y fondos públicos se encuentra frenada por una decisión política deliberada de no avanzar contra las máximas figuras del Ejecutivo.
Efectivamente, Dalbón sostiene que los tribunales de Retiro aplican un criterio diferenciado según el color político de los involucrados. Por este motivo, el abogado remarcó que la falta de movimientos procesales no es producto del azar, sino de una estrategia para garantizar protección oficial. Asimismo, subrayó que existen elementos probatorios suficientes para que la Justicia Federal cite a declaración indagatoria a los principales señalados en el expediente.
Contradicciones oficiales y el rol de los hermanos Milei
Ciertamente, el foco de la acusación recae sobre la figura del presidente Javier Milei y su hermana, Karina Milei. En relación con esto, Dalbón enfatizó que las explicaciones brindadas por el mandatario sobre su vínculo con el contrato de la criptomoneda no coinciden con la evidencia recolectada. Por consiguiente, el abogado afirmó que la sociedad percibe una distorsión en el relato oficial mientras los referentes libertarios intentan justificar estas acciones en medios de comunicación.
De igual manera, la denuncia se extiende a la gestión de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Por otro lado, el letrado advirtió que la presunta impunidad en causa Libra se replica en otros organismos estatales bajo control de la Secretaría General de la Presidencia. En este sentido, la mirada del denunciante sugiere la existencia de una «doble vara» donde las sospechas contra el oficialismo son sistemáticamente desestimadas por ciertos sectores del Ministerio Público.
Conflictos de intereses y malversación de caudales
Por otra parte, la crítica alcanzó un punto de máxima gravedad al mencionar posibles vínculos familiares que condicionarían la objetividad judicial. En consecuencia, Dalbón señaló que la continuidad del fiscal Taiano al frente del caso representa una anomalía, dado que su hijo desempeñaría funciones dentro de la actual estructura gubernamental. Por lo tanto, el abogado considera que esta situación configura un conflicto de intereses que debería haber derivado en el apartamiento inmediato del funcionario.
Además de las criptomonedas, el abogado puso la lupa sobre el uso de bienes públicos por parte de figuras que no ostentan cargos formales. En efecto, mencionó situaciones vinculadas al entorno del jefe de Gabinete como ejemplos de una posible malversación de fondos del Estado. Según su análisis, si el Poder Judicial no actúa como contrapeso, se corre el riesgo de normalizar prácticas que vulneran las instituciones democráticas y el estado de derecho.
Advertencias sobre el futuro institucional argentino
Finalmente, el letrado comparó el escenario actual con periodos históricos complejos donde el Ejecutivo ejercía un control desmedido sobre la legalidad. Debido a esto, Dalbón instó a la ciudadanía y a los organismos de control a seguir de cerca el avance —o la falta de este— en las carpetas judiciales. No obstante, advirtió que la persistencia de estas irregularidades sin sanción podría consolidar un esquema de opacidad en el manejo de los recursos nacionales.
Para concluir, el denunciante reafirmó que continuará impulsando las medidas necesarias para que la verdad salga a la luz en los tribunales federales. En definitiva, la controversia por la gestión de bienes y la transparencia en el área de criptoactivos promete seguir escalando en la agenda pública de Argentina.
