Un sismo sacude los cimientos de la calle Viamonte. La Justicia Federal dictó el procesamiento de la cúpula de la AFA, encabezada por Claudio «Chiqui» Tapia, bajo la acusación de retener aportes y tributos mientras las cuentas de la entidad rebosaban de fondos. Con embargos millonarios y restricciones de movimiento, el frente judicial de los dirigentes deportivos se vuelve crítico.
El impacto del escándalo por evasión fiscal
La cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino enfrenta hoy su hora más difícil en los tribunales federales. El magistrado Diego Amarante, titular del juzgado en lo Penal Económico, decidió procesar a Claudio «Chiqui» Tapia y a su principal colaborador, Pablo Toviggiano, en el marco de una investigación por irregularidades tributarias. Por consiguiente, la resolución judicial también alcanza a figuras de peso como Víctor Blanco y Cristian Malaspina, quienes integran el esquema de decisiones de la entidad.
Debido a la gravedad de los cargos, la justicia dictó un embargo preventivo de 350 millones de pesos para los involucrados. Asimismo, el fallo impone restricciones severas a la libertad de movimiento de los directivos, quienes no podrán abandonar el territorio nacional sin un permiso explícito del juzgado. En este sentido, el escándalo por evasión fiscal marca un punto de inflexión en la gestión actual, trasladando la atención de las canchas a los despachos judiciales.
Fondos retenidos y deudas millonarias con el Estado
Según consta en el expediente de 140 páginas, la organización habría omitido el pago de aportes patronales, IVA e Impuesto a las Ganancias de manera sistemática. Por lo tanto, la deuda acumulada con el fisco nacional asciende a la impactante cifra de 19.300 millones de pesos. El juez subraya un dato alarmante: la institución contaba con solvencia suficiente para cumplir con sus obligaciones, pero optó por retener el dinero.
Efectivamente, la sospecha principal de los investigadores sugiere que la entidad mantenía «mucha plata» en sus cuentas bancarias mientras postergaba los pagos al Estado. Por esta razón, se presume que esos montos se utilizaron en el mercado financiero para obtener réditos económicos antes de regularizar las deudas. En consecuencia, la maniobra no respondería a una crisis de liquidez, sino a una estrategia para generar ganancias financieras con fondos que debían ingresar al erario público.
Restricciones de viaje y obligaciones ante el tribunal
A partir de esta resolución, el panorama logístico de Tapia se complica drásticamente dado su rol en organismos internacionales como FIFA y CONMEBOL. Por lo tanto, cada compromiso oficial en el exterior requerirá ahora de un trámite judicial previo y una aprobación supeditada al avance de la causa. Además, los procesados tienen la obligación de informar al tribunal si planean ausentarse de sus domicilios particulares por un lapso mayor a las 72 horas.
Mientras tanto, los dirigentes deberán presentarse ante cada requerimiento del magistrado para asegurar que no se entorpezca el proceso de recolección de pruebas. De igual forma, el juez justificó estas medidas cautelares ante la magnitud del escándalo por evasión fiscal y el riesgo de que los imputados intenten eludir la acción de la justicia. Sin duda, la situación procesal de la dirigencia del fútbol argentino entra en una etapa de definiciones que mantendrá en vilo a los clubes de primera división.
