La tensión legislativa escaló tras una polémica propuesta para modificar la asistencia social en casos de delincuencia juvenil. Guillermo Michel, referente de Unión por la Patria, apeló a citas históricas y argumentos legales para frenar lo que considera un castigo indirecto a las familias, abriendo un debate profundo sobre los límites de la responsabilidad penal.
Críticas a la iniciativa de quitar la AUH
La arena política de Entre Ríos se sacudió luego de que el legislador Guillermo Michel cruzara a Francisco Morchio por su reciente proyecto de ley. En sus declaraciones, Michel utilizó una metáfora histórica de Napoleón Bonaparte para describir a quienes impulsan propuestas que buscan quitar la AUH a familias vulnerables basándose en premisas que considera legalmente inadmisibles.
Efectivamente, el ex titular de la Aduana sostuvo que esta idea representa una forma de demagogia pura que no resiste un análisis constitucional mínimo. Por consiguiente, argumentó que intentar trasladar la responsabilidad penal de un adolescente al sustento alimentario de todo su grupo familiar desvirtúa el propósito original de las políticas de protección social en Argentina.
Vulnerabilidad y principios de la pena judicial
Asimismo, el diputado recordó que él mismo acompañó anteriormente el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años. Sin embargo, aclaró que sancionar a los padres retirando beneficios económicos infringe el principio de personalidad de la pena, el cual establece que el castigo nunca debe trascender al autor del hecho delictivo.
Por esta razón, Michel insistió en que la seguridad social no puede funcionar como un sistema de premios y castigos por conducta. Por el contrario, subrayó que los procesos penales juveniles requieren, en realidad, una mayor presencia del Estado y un acompañamiento familiar más robusto, en lugar de una quita de recursos que agrave la crisis material de los hogares.
El riesgo de quitar la AUH a familias en crisis
De igual modo, el legislador entrerriano desarmó el razonamiento oficialista que considera innecesario el pago de la asignación mientras el menor esté bajo tutela estatal. Según su visión, este pensamiento es jurídicamente defectuoso porque las necesidades educativas, sanitarias y de reinserción social de un joven no desaparecen al entrar en el sistema penal juvenil.
Además, advirtió que la propuesta crea una categoría de exclusión social peligrosa y discriminatoria dentro del sistema de seguridad. De este modo, el Estado estaría castigando el vínculo filial y no una acción directa del adulto beneficiario, lo cual generaría una desigualdad ante la ley difícil de reparar en términos de derechos humanos fundamentales.
Debate sobre imputabilidad versus demagogia legislativa
Finalmente, Michel diferenció claramente la discusión técnica sobre la edad de imputabilidad de lo que considera una búsqueda de títulos mediáticos sin contenido sólido. Por lo tanto, exigió que el debate parlamentario se centre en soluciones reales para la prevención del delito en lugar de aplicar medidas que degradan las condiciones de vida mínimas.
En conclusión, el diputado instó a sus pares a mantener la racionalidad jurídica por encima del impacto comunicacional momentáneo. Debido a la fragilidad social actual, considera que cualquier intento de desfinanciar a las familias bajo pretextos penales solo conseguirá empujar a más jóvenes hacia la marginalidad absoluta, alejándolos definitivamente de una posible recuperación social.
