Un nuevo foco de conflicto se encendió entre el oficialismo y la oposición por el futuro de la producción agropecuaria. Todo comenzó cuando Federico Sturzenegger destacó supuestos avances en la baja de costos para equipos de riego, lo que provocó una reacción inmediata de Victoria Tolosa Paz. La diputada no solo cuestionó la veracidad de los anuncios, sino que también denunció el estado de abandono de las rutas nacionales y la retención de fondos clave para el sector. Con frases punzantes y datos sobre la parálisis administrativa, la discusión puso bajo la lupa la gestión económica actual.
Cruces por la falta de reglamentación oficial
El escenario digital se convirtió en el epicentro de una nueva disputa política entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Nación. En esta ocasión, la diputada Victoria Tolosa Paz cuestionó duramente al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, por anunciar beneficios que aún no tienen reglas para la inversión productiva claras. El funcionario había celebrado recientemente una serie de reformas estructurales orientadas a reducir los costos en electricidad rural y equipamiento hídrico.
Sin embargo, la legisladora opositora tildó de prematuros estos festejos, ya que la normativa necesaria para que el sector privado acceda a dichas ventajas sigue pendiente. Por consiguiente, Tolosa Paz utilizó un tono irónico para sugerirle al ministro que se enfoque en las tareas administrativas en lugar de realizar anuncios mediáticos. Según su visión, el Gobierno intenta adjudicarse los frutos de una campaña agrícola futura que todavía carece de sustento legal operativo.
El impacto del RIMI y las reglas para la inversión productiva
El conflicto central gira en torno al Régimen de Incentivo a las Inversiones Productivas, conocido frecuentemente como el «mini RIGI». Efectivamente, esta herramienta busca otorgar alivios fiscales a las pequeñas y medianas empresas que decidan apostar por el desarrollo local. No obstante, a pesar de que la ley fue sancionada hace tiempo, el Ministerio de Economía mantiene frenada su implementación debido al análisis del impacto fiscal en las cuentas públicas.
Por lo tanto, la incertidumbre crece entre los empresarios y contadores que aguardan definiciones para iniciar sus proyectos. Asimismo, la diputada recordó que los plazos legales para ejecutar las inversiones ya están corriendo desde principios de marzo de 2026. Debido a esta demora, muchos consideran que los anuncios oficiales sobre sistemas de riego y protección contra el granizo son, por ahora, simples expresiones de deseo sin aplicación real en el campo.
Infraestructura vial y reclamos impositivos al Gobierno
Por otra parte, la exministra de Desarrollo Social extendió su reclamo hacia otras áreas sensibles de la gestión de Luis Caputo. En particular, denunció el avanzado estado de deterioro de las principales rutas nacionales, mencionando específicamente los trazados de las vías 3, 22 y 35, entre otras. Ciertamente, el mantenimiento deficiente de estas arterias viales representa un riesgo constante para los transportistas y ciudadanos que circulan diariamente por el territorio bonaerense y pampeano.
Además de los problemas de infraestructura, la legisladora exigió una revisión profunda sobre el destino de los impuestos a los combustibles. Igualmente, reclamó que esos fondos regresen al sector productivo para aliviar los costos logísticos en lugar de ser desviados hacia otros objetivos financieros. Por esta razón, el cierre de su descargo fue contundente, exigiendo mayor operatividad y menos narrativa comunicacional por parte del gabinete nacional.
Finalmente, la discusión deja en evidencia las tensiones internas sobre cómo manejar la caída de la recaudación frente a las promesas de desregulación. Mientras el oficialismo apuesta a reformas de fondo, la oposición presiona para que las leyes aprobadas se traduzcan en realidades concretas para las pymes. De esta manera, el debate por la reactivación económica sigue estancado en la burocracia ministerial y los enfrentamientos dialécticos en las redes sociales.
