Un sismo judicial sacude las estructuras de la administración pública nacional. La citación de Diego Spagnuolo a declaración indagatoria marca un punto de no retorno en la causa que investiga el desvío de sumas astronómicas de dinero destinadas a la discapacidad. Entre audios filtrados que mencionan «cuevas» y un sistema de competencia simulada, la investigación del fiscal Franco Picardi pone al descubierto una trama de favores y retornos que ahora debe rendir cuentas ante los tribunales de Comodoro Py.
Avances en la investigación por desvíos millonarios
La justicia federal dio un paso decisivo este miércoles al profundizar la investigación sobre una trama de corrupción estatal que afectó las arcas públicas de manera contundente. Por este motivo, el magistrado Ariel Lijo fijó para el próximo 28 de abril la comparecencia de Diego Spagnuolo, quien fuera titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). En consecuencia, el exfuncionario deberá responder por el presunto desvío de 76 mil millones de pesos que, según la fiscalía, terminaron en manos de un reducido núcleo de beneficiarios.
A pesar de que el organismo debía velar por sectores vulnerables, la instrucción judicial detectó maniobras que habrían operado entre finales de 2023 y octubre de 2025. Debido a que existen pruebas de un manejo irregular en la adjudicación de insumos de alto costo, el fiscal Franco Picardi extendió la responsabilidad a otras 34 personas vinculadas al caso. Por lo tanto, esta nueva etapa del proceso busca desentrañar las capas de una organización que ya cuenta con varios procesamientos dictados en febrero pasado.
Empresas beneficiadas y competencia simulada
De acuerdo con el dictamen fiscal, en el seno de la ANDIS funcionaba un esquema de contrataciones totalmente cartelizado que alimentaba esta trama de corrupción estatal. Efectivamente, los investigadores sostienen que el organismo convocaba a firmas que, si bien parecían competidoras, en realidad actuaban de forma coordinada para repartirse los contratos. Por consiguiente, las adjudicaciones millonarias estaban garantizadas de antemano para un grupo de empresarios «amigos» que habrían retornado parte de ese capital mediante dádivas y pagos ilícitos.
Asimismo, se detectó que este sistema de compras direccionadas contaba con la complicidad de lobistas que aceitaban los mecanismos internos de la agencia. Por otra parte, la justicia sospecha que la simulación de competencia era una fachada necesaria para eludir los controles administrativos básicos del Estado. En efecto, el nivel de sofisticación de la maniobra permitió que grandes sumas de dinero fluyeran sin obstáculos hacia las cuentas de los allegados al poder de turno en el organismo.
Audios comprometedores y el rol de los apodos
La situación procesal de Spagnuolo se complicó tras la incorporación de una serie de escuchas telefónicas que revelan la intimidad de las operaciones ilegales. Del mismo modo, en las grabaciones se advierte una clara intención de los involucrados por mantener un hermetismo absoluto y «cerrar filas» ante el avance de las sospechas judiciales. Incluso, los protagonistas de las charlas utilizaban seudónimos sugerentes como “el pelado”, “Caputito” y “el Helvético” para referirse a los eslabones clave de la cadena de mando.
Por añadidura, algunos registros captaron negociaciones directas sobre el modo en que se debían abonar los supuestos retornos. En un audio particularmente revelador, un empresario consulta a un lobista si el pago debía realizarse en moneda nacional o si era necesario recurrir a una «cueva» para conseguir dólares. De igual forma, estas evidencias sugieren una operatoria marginal muy activa, donde el efectivo circulaba fuera de todo registro oficial para aceitar el funcionamiento de la red.
El llamado de la justicia federal
Finalmente, el juez Lijo buscará determinar el grado de participación directa de Spagnuolo en la firma de las resoluciones que permitieron los desembolsos millonarios. Por lo pronto, el exdirector nacional se suma a una lista de imputados que incluye a funcionarios de menor rango y proveedores del Estado que ya han pasado por los tribunales. Seguramente, el resultado de estas indagatorias permitirá reconstruir el destino final del dinero y si existen más niveles de responsabilidad dentro de la administración central.
