El senador José Mayans apuntó contra el entorno de Federico Sturzenegger por presuntas irregularidades en convenios estatales. La denuncia pone el foco en millonarios pagos de Cancillería a una entidad dirigida por la esposa del ministro. El legislador cuestionó la falta de coherencia entre el discurso de austeridad oficial y el uso de fondos públicos…
Denuncias de privilegios en la Cámara Alta
La última sesión del Senado se convirtió en el escenario de una fuerte embestida contra la gestión libertaria. El jefe de la bancada opositora, José Mayans, presentó una serie de acusaciones que vinculan a familiares de altos funcionarios con beneficios estatales. Según el legislador formoseño, existe un cuestionable uso de fondos públicos en contrataciones que favorecen directamente al círculo íntimo del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, liderado por Federico Sturzenegger.
Por consiguiente, el eje del conflicto radica en los convenios celebrados entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Asociación Argentina Cultural Inglesa (AACI). Efectivamente, Mayans destacó que la directora ejecutiva de dicha institución es María Josefina Rouillet, cónyuge del ministro Sturzenegger. Para el senador, resulta inadmisible que el Estado destine cifras millonarias a capacitaciones presenciales cuando el discurso oficial pregona un ajuste severo sobre las provincias y los salarios de los trabajadores públicos.
El contraste entre la austeridad y el gasto estatal
Asimismo, el parlamentario apeló a la ironía para cuestionar la modernización que defiende el Ejecutivo. Debido a los altos costos de los cursos presenciales, Mayans sugirió que los funcionarios deberían capacitarse a través de plataformas digitales, cuyo valor es significativamente menor. No obstante, la crítica no se limitó al método de enseñanza, sino al volumen del contrato, que ascendería a 114 millones de pesos, una suma que el legislador considera un despilfarro frente a la crisis federal actual.
En cuanto a la transparencia de estas operaciones, la Justicia Federal ya ha tomado cartas en el asunto. Por esta razón, el fiscal Carlos Rívolo inició una investigación para determinar si hubo sobreprecios o una posible inflación en la cantidad de alumnos declarados. Los datos preliminares sugieren una inconsistencia llamativa: mientras el año pasado la nómina no superaba los diez estudiantes, el nuevo presupuesto proyecta cubrir a más de cien personas sin una justificación clara sobre el incremento.
Cuestionamientos al entorno presidencial y pedidos de juicio
Por otra parte, la ofensiva de Mayans alcanzó al vocero y jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El senador puso en duda la veracidad de la austeridad pregonada por la Casa Rosada, mencionando supuestos gastos excesivos en viajes privados y límites millonarios en tarjetas corporativas. Por lo tanto, el legislador vinculó estos hechos con una presunta malversación que contradice frontalmente las promesas de campaña de Javier Milei sobre la eliminación de privilegios políticos.
Finalmente, el referente opositor instó a la Cámara de Diputados a avanzar con celeridad en las investigaciones parlamentarias correspondientes. Su objetivo es determinar la responsabilidad política del Presidente, su hermana y el jefe de Gabinete mediante una acusación formal ante el Senado. Seguramente, la discusión sobre el uso de fondos públicos en áreas sensibles del Gobierno seguirá siendo el centro del debate político, en un contexto donde cada movimiento del presupuesto nacional es observado bajo la lupa de la opinión pública.
