Las autoridades provinciales encendieron las alarmas en el sector fintech y del comercio digital. Un relevamiento oficial detectó múltiples irregularidades en los términos y condiciones de uso de la billetera virtual más utilizada del mercado local, abriendo un frente de disputa legal multimillonario.
Imputación administrativa por presuntas irregularidades contractuales
El control de las relaciones de consumo en el territorio bonaerense derivó en una fuerte medida que afecta al principal gigante tecnológico del continente. A través de un procedimiento de control de la Dirección Provincial de Defensa de los Consumidores, la administración de Axel Kicillof imputa a Mercado Libre tras detectar supuestas anomalías en los contratos comerciales. El relevamiento técnico, que fue realizado sobre los entornos digitales de la compañía, identificó una decena de cláusulas que violarían de manera directa los lineamientos de la legislación nacional de protección al usuario. Por este motivo, los equipos jurídicos evalúan penalidades monetarias que podrían ubicarse por encima de los 1.800 millones de pesos.
La investigación se centró de modo exhaustivo en las reglas generales que regulan el funcionamiento del denominado entorno corporativo de la firma. Esto incluye tanto los parámetros de otorgamiento de créditos personales como las pautas de uso de la billetera digital para transacciones electrónicas. Los funcionarios bonaerenses indicaron que el procedimiento administrativo responde al gran caudal de presentaciones formales radicadas por los ciudadanos contra el holding que lidera Marcos Galperín. La empresa ya recibió la notificación pertinente y dispone de un plazo perentorio de cinco días laborables para realizar su correspondiente presentación de defensa en los tribunales de La Plata.
Elevada tasa de litigiosidad y conflictividad con los usuarios
Los indicadores estadísticos de la mesa de entradas provincial reflejan un escenario de disconformidad persistente en la prestación del servicio de intermediación comercial. Según explicaron fuentes ministeriales mediante un comunicado oficial, el portal de transacciones se consolidó como la entidad que acumula la mayor cantidad de requerimientos y reclamos en toda la jurisdicción. Durante el primer cuatrimestre del año calendario actual, las dependencias gubernamentales registraron exactamente 2.396 denuncias de carácter individual. Este volumen de demandas motivó la intervención de oficio de los inspectores para auditar los textos legales que aceptan los usuarios al registrarse.
A pesar de que las autoridades corporativas mantienen silencio respecto a este expediente administrativo en particular, los cortocircuitos políticos del sector no son nuevos. De hecho, el fundador de la compañía tecnológica suele utilizar sus perfiles de comunicación digital para confrontar con las administraciones de corte intervencionista. En sus últimas intervenciones en redes sociales, el empresario apuntó contra los sectores de izquierda, acusándolos de estructurar divisiones sociales falsas con el único propósito de capturar las cajas del sector público y perpetuarse en las esferas de decisión estatal.
Tensiones parlamentarias y el debate por las plataformas externas
Las controversias regulatorias de la empresa se expanden de igual manera al ámbito del Poder Legislativo de la Nación debido a las nuevas dinámicas del comercio internacional. Semanas atrás, el diputado nacional Miguel Pichetto protagonizó un intenso contrapunto con el dueño de la firma tecnológica en relación con los alcances del concepto de protección industrial. El legislador federal argumentó que resulta indispensable proteger el entramado productivo nacional ante la llegada de competidores globales de bajo costo.
El parlamentario nacional ratificó que impulsará en las comisiones de la Cámara Baja una iniciativa de ley específica para gravar con un impuesto del 30% a los bienes que se adquieran mediante portales extranjeros. Esta medida legislativa apunta a regular la operación de marcas de indumentaria y bazares digitales asiáticos que ganan terreno en el mercado doméstico. Sin embargo, antes de este debate en el Congreso, la firma local deberá resolver el expediente de fiscalización por el cual la administración de Axel Kicillof imputa a Mercado Libre ante las oficinas provinciales de control de consumo.
