La detención de Agostina Páez en Brasil desató una feroz batalla dialéctica entre el kirchnerismo y el oficialismo. Patricia Bullrich denunció «operaciones políticas» de Marcela Pagano y Alberto Fernández, pero la respuesta llegó desde el ámbito judicial: Gregorio Dalbón acusó a la senadora de ignorar tratados internacionales y de intentar transformar un presunto caso de racismo en una bandera partidaria.
Cruces por la situación legal de Agostina Páez
La escena política argentina sumó un nuevo capítulo de tensión debido al conflicto por Agostina Páez, la abogada que permanece bajo custodia en Brasil. Todo comenzó cuando la senadora Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza, utilizó sus redes sociales para ratificar el compromiso del Gobierno con la repatriación de la letrada. En consecuencia, la exministra de Seguridad arremetió contra figuras de la oposición y contra la diputada Marcela Pagano, acusándolas de intentar capitalizar el dolor de la familia a cambio de visibilidad mediática.
Efectivamente, Bullrich sostuvo que el canciller Pablo Quirno y el cuerpo consular trabajan bajo estricta reserva diplomática para lograr resultados concretos. No obstante, estas afirmaciones provocaron una reacción inmediata de Gregorio Dalbón. El abogado de la exmandataria Cristina Kirchner salió al cruce de la senadora y planteó una visión radicalmente opuesta sobre el caso. Por lo tanto, el jurista afirmó que la ciudadana argentina no necesita ser «defendida» mediáticamente, sino que debe ser procesada y condenada en territorio brasileño por presuntos actos de racismo.
Dalbón cuestionó el rol del derecho internacional
Por otra parte, la discusión escaló hacia los aspectos técnicos de la asistencia diplomática. Dalbón subrayó que el Estado argentino posee una obligación consular activa, según lo estipulado en la Convención de Viena. En este sentido, señaló que el trabajo del consulado no representa un favor político del oficialismo, sino un derecho internacional que, según su óptica, la senadora desconoce. Ciertamente, el letrado recordó casos previos de alta sensibilidad social para cuestionar la coherencia ética de la legisladora en materia de defensa de los derechos ciudadanos.
Asimismo, el abogado desestimó la influencia del Gobierno en otros operativos de retorno recientes, como el de Nahuel Gallo. Según su versión, aquel éxito se debió a gestiones externas a la Cancillería, vinculadas a la dirigencia del fútbol argentino. De esta manera, el conflicto por Agostina Páez dejó en evidencia las profundas diferencias sobre cómo debe actuar el país ante un delito cometido por un nacional en un Estado soberano. Para Dalbón, el lema oficialista de que «el que las hace, las paga» debería aplicarse también en este contexto internacional sin distinciones partidarias.
El rol de la diplomacia bajo la lupa
Más allá de los nombres propios, la disputa se centró en la delgada línea entre la gestión administrativa y la comunicación política. Por un lado, el oficialismo insiste en que su prioridad es traer a la abogada «a casa» sin realizar espectáculos para la prensa. Por otro lado, la crítica jurídica apunta a que los funcionarios confunden la asistencia consular con comunicados de marketing político. Debido a esto, el debate sigue abierto mientras se esperan definiciones de la justicia de Río de Janeiro sobre la situación procesal de la detenida.
Finalmente, es importante destacar que la resolución del caso en Brasil marcará el pulso de esta interna en Buenos Aires. Mientras tanto, las acusaciones de «uso político» y de ignorancia sobre el derecho diplomático continúan alimentando la grieta entre los principales referentes de ambos espacios. Sin duda, la evolución de este trámite judicial en el extranjero seguirá impactando directamente en la agenda legislativa y mediática de la Argentina durante las próximas semanas.
