El juez federal Ariel Lijo avanza en la causa que analiza los traslados del jefe de Gabinete a Uruguay. La investigación judicial detectó pagos realizados por terceros y paquetes de vuelos de alto valor en dólares. El magistrado solicitó documentos clave para determinar si existió el delito de dádivas o enriquecimiento ilícito durante el fin…
Avances en la investigación por traslados oficiales
La Justicia federal aceleró las medidas de prueba para esclarecer la financiación de vuelos privados que utilizó el jefe de Gabinete durante su reciente estadía en Punta del Este. El magistrado Ariel Lijo ya cuenta con los comprobantes de las operaciones realizadas para los traslados de ida y vuelta de la familia del funcionario. En este sentido, los datos preliminares indican que el primer trayecto fue costeado por una productora audiovisual perteneciente a un periodista de la señal estatal.
Por el contrario, el tramo de regreso formaría parte de una adquisición mayor que incluye un lote de diez traslados aéreos. Según fuentes del caso, esta transacción global superó los 40.000 dólares y fue ejecutada por un individuo cuya identidad permanece bajo reserva. No obstante, se sabe que esta persona reside en el país vecino, lo que motivó el inicio de gestiones diplomáticas para obtener mayores precisiones sobre el origen de los fondos.
El rol de la justicia y la financiación de vuelos privados
Debido a la complejidad del entramado, el juzgado ordenó a la empresa Alpha Centauri S.A. la entrega inmediata de todas las facturas y registros de transferencia. Efectivamente, los documentos revelaron que el viaje inicial tuvo un costo cercano a los 4.830 dólares, liquidados mediante una conversión a moneda nacional. Asimismo, la investigación busca determinar si estos pagos configuran un beneficio indebido para el actual ministro, dado su rol estratégico en la administración pública.
Por otra parte, Lijo dispuso que los organismos que operan en el Aeropuerto de San Fernando remitan las grabaciones de las cámaras de seguridad y las planillas de embarque. Por consiguiente, el objetivo de los investigadores es reconstruir con exactitud quiénes acompañaron al funcionario y qué tipo de controles aduaneros se efectuaron. Además, se solicitó a la Aduana que informe si los tripulantes o pasajeros presentaron declaraciones juradas sobre sus pertenencias al momento de cruzar la frontera.
Unificación de expedientes en los tribunales federales
Mientras tanto, en los pasillos de Comodoro Py se analiza la posibilidad de unificar las distintas denuncias presentadas por legisladores de bloques opositores. En primer lugar, existe una causa impulsada por diputados nacionales que apunta directamente a la figura de dádivas. Por otro lado, otra denuncia por presunto enriquecimiento ilícito corre en paralelo, lo que motivó al fiscal Gerardo Pollicita a solicitar la certificación de todos los expedientes con objetos procesales similares.
En consecuencia, el Gobierno enfrenta un frente judicial complejo que pone la lupa sobre los gastos personales de sus cuadros jerárquicos. De esta manera, la trazabilidad del dinero utilizado para abonar los servicios de transporte aéreo se convirtió en la prioridad de la instrucción. Así pues, la Justicia intenta establecer si los nexos entre los pagadores y el jefe de Gabinete exceden la relación personal e ingresan en el terreno de las irregularidades administrativas graves.
