Un reciente relevamiento de la organización de derechos humanos Correpi sostiene que la gestión actual registra los índices de violencia institucional más altos desde el retorno democrático. Con más de mil casos en dos años, el documento analiza el impacto del protocolo de seguridad y el aumento de las muertes bajo custodia en el sistema…
El balance crítico sobre la represión estatal en Argentina
La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) presentó su archivo anual de casos 2025, donde califica al periodo actual como una etapa de máxima gravedad institucional. Según el organismo, el fenómeno de la represión estatal en Argentina alcanzó niveles inéditos, contabilizando 10.181 muertes desde diciembre de 1983. Por consiguiente, el dato más alarmante indica que el 10% de ese total histórico se concentró únicamente en los últimos dos años de gestión nacional.
Debido a la implementación de nuevas directivas de seguridad, la tasa de mortalidad a manos de fuerzas públicas escaló a un promedio de 42,2 casos mensuales. Efectivamente, entre 2024 y 2025 se registraron 1.056 fallecimientos, una cifra que proporcionalmente supera los registros de mandatos anteriores. Por tal motivo, desde la organización señalan que estamos ante un escenario extremo que no se veía en las cuatro décadas previas de vida democrática.
Reformas estructurales y el protocolo de seguridad
La abogada María del Carmen Verdú, referente de la entidad, explicó que estos números responden a un cambio profundo en el régimen de seguridad interior. Además de las intervenciones directas, el Gobierno impulsó modificaciones en las leyes orgánicas de las cinco fuerzas federales y en la normativa de inteligencia. Por lo tanto, estas reformas estructurales habrían provocado una erosión sistemática de las garantías constitucionales básicas en todo el territorio.
Asimismo, el informe vincula el aumento de la violencia con la aplicación del denominado protocolo Chocobar, el cual permite un mayor margen de acción a los efectivos. Mientras que en gestiones previas la derogación de estas normas resultó en un descenso de los casos, la actual administración decidió profundizar esta línea. En consecuencia, el represión estatal en Argentina se manifiesta con fuerza a través del uso de armas de fuego, sumando 285 muertes por disparos en apenas dos años.
Situación crítica en las cárceles y comisarías
Uno de los puntos más preocupantes del relevamiento es la situación de las personas privadas de su libertad en el ámbito penitenciario. Por un lado, las muertes bajo custodia representan la primera causa de fallecimientos registrados en el archivo, con un total de 715 casos en el bienio. Por otro lado, este incremento coincide con un récord absoluto en la tasa de encarcelamiento, que alcanzó las 258 personas cada cien mil habitantes.
A pesar de que los índices de delitos graves como el homicidio doloso han mostrado un descenso, la población carcelaria sigue creciendo de manera exponencial. Según el documento, esto no responde a una mayor criminalidad, sino a las políticas punitivas y leyes de reiterancia aprobadas recientemente. Así pues, el hacinamiento y la falta de atención médica en penales y comisarías agravan un cuadro de vulnerabilidad que termina en decesos evitables.
Letalidad por fuerzas y violencia de género
En cuanto al desglose por instituciones, la Policía de la Ciudad es señalada como la fuerza con mayor índice de letalidad en relación con su cantidad de efectivos. Simultáneamente, el Servicio Penitenciario suma la mayor cantidad de víctimas totales, seguido por las policías provinciales que replican modelos operativos similares. De esta manera, el informe evidencia una tendencia federal hacia el endurecimiento de la respuesta estatal en diversas jurisdicciones.
Finalmente, el archivo dedica un apartado especial a los femicidios y trans-femicidios cometidos por integrantes de los cuerpos de seguridad. Durante los últimos dos años, 38 mujeres y personas trans perdieron la vida a manos de uniformados, convirtiéndose en una problemática central de la violencia institucional. Por ende, la organización advierte que la futura reforma del Código Penal podría consolidar estas prácticas si no se revisan los artículos que otorgan impunidad al accionar policial.
