El Ministerio de Justicia dispuso una veeduría de 180 días sobre la Asociación del Fútbol Argentino tras detectar irregularidades administrativas. La medida busca auditar transferencias millonarias, el manejo de la Universidad del Fútbol y los vínculos financieros con empresas externas, en un proceso que coincide con el desarrollo de la próxima Copa del Mundo.
El Poder Ejecutivo avanza sobre la calle Viamonte
A través de una resolución ministerial, el Gobierno Nacional formalizó el inicio de una auditoría profunda sobre la Asociación del Fútbol Argentino. Por consiguiente, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, ratificó la necesidad de investigar cuentas de la entidad deportiva por un plazo inicial de seis meses. Esta determinación surge a partir de diversas anomalías registradas por la Inspección General de Justicia (IGJ) en el funcionamiento institucional de la asociación.
Efectivamente, la medida establece una «intervención en grado de veeduría» que no desplaza a las autoridades actuales, pero sí impone un control estricto sobre cada movimiento financiero. Por lo tanto, los veedores designados, el contador Rubén Miguel Pappacena y el abogado Agustín Ortíz de Marco, tendrán acceso total a los libros y registros contables. De igual manera, el proceso se llevará a cabo de manera paralela a la preparación de la Selección argentina para la cita mundialista en Norteamérica.
Los puntos clave para investigar cuentas de la entidad
Uno de los ejes centrales de la auditoría se enfoca en la Universidad del Fútbol Argentino (UNAFA), un proyecto que generó sospechas por sus contrataciones y movimientos patrimoniales. Por este motivo, los especialistas analizarán la adquisición de inmuebles y los convenios celebrados con terceros vinculados a esta institución educativa. Asimismo, la resolución 128/2026 exige un informe detallado sobre el cumplimiento de las obligaciones impositivas y previsionales de la AFA hasta mediados de 2025.
Por otra parte, la lupa oficial se posará sobre los contratos de comercialización de derechos en el exterior, especialmente los relacionados con la firma TourProdEnter LLC. Según la investigación, se habrían movilizado sumas cercanas a los 400 millones de dólares hacia destinatarios no identificados o sociedades sin respaldo operativo. Debido a esto, los veedores deberán rastrear cada remesa enviada y recibida por la entidad que preside Claudio Tapia para identificar posibles fugas de capitales.
Vínculos financieros y sociedades bajo sospecha
En consecuencia, la veeduría también profundizará en la relación entre la cúpula de la AFA y la financiera Sur Finanzas, propiedad de Ariel Vallejo. Este vínculo resulta crítico para los investigadores, ya que existen causas abiertas por presunto lavado de dinero que involucran a este grupo empresarial. Por lo tanto, el objetivo primordial es transparentar el origen y destino de los fondos que circulan en el entorno directo de la máxima autoridad del fútbol local.
A pesar de los cambios recientes en la estructura del Ministerio de Justicia, la gestión actual decidió mantener el plan de trabajo trazado originalmente por la IGJ. En este sentido, el nuevo titular del organismo, Alejandro Ramírez, supervisará que los informes parciales y finales aporten pruebas sólidas para los expedientes judiciales en trámite. Por ende, la transparencia administrativa se presenta como la prioridad absoluta del Estado para garantizar que una asociación de tal relevancia pública cumpla con la normativa vigente.
Finalmente, los veedores cuentan con facultades extraordinarias para compulsar cualquier documento que la AFA haya negado anteriormente a las autoridades de control. Por esta razón, el resultado de estos 180 días de inspección será determinante para el futuro institucional de la entidad. Mientras tanto, el fútbol argentino se encamina a un período de fuerte escrutinio político y contable bajo la atenta mirada de la Casa Rosada.
