Las modificaciones en las partidas presupuestarias destinadas a los sectores vulnerables abrieron un nuevo foco de conflicto entre el Congreso y la Casa Rosada. Mientras la oposición denuncia un recorte encubierto en las prestaciones de salud y movilidad, los organismos técnicos aseguran que la gratuidad de los boletos permanece inalterable por ley.
Cuestionamientos a la quita de subsidios y el anuncio de un proyecto de ley
La reconfiguración del esquema de subsidios estatales y el ordenamiento de las cuentas públicas que lleva adelante el Ministerio de Economía sumaron un nuevo capítulo de fuerte rechazo parlamentario. Así, Natalia de la Sota criticó al binomio de conducción oficialista integrado por el presidente Javier Milei y el vocero Manuel Adorni, tras calificar de insensible la decisión administrativa de suspender las transferencias financieras que compensaban a las firmas de ómnibus por la emisión de pasajes especiales sin cargo.
Efectivamente, a través de su perfil en la plataforma virtual X, la diputada del bloque federal expuso su total disconformidad con la medida que afecta el ecosistema de traslados de larga distancia para pacientes trasplantados, ciudadanos en lista de espera del Incucai y personas con movilidad reducida. Además, la legisladora remarcó que las bancadas opositoras articularán de forma inmediata la presentación de una iniciativa legislativa para neutralizar los alcances de la resolución de la cartera de Transporte.
Argumentos de la Secretaría de Transporte y la vigencia de la gratuidad
Por este motivo, el revuelo generado en los despachos del Parlamento obligó a las autoridades de las dependencias gubernamentales a emitir un pormenorizado comunicado aclaratorio para llevar tranquilidad a los usuarios. Entonces, los funcionarios del área técnica precisaron que las modificaciones publicadas en el Boletín Oficial regulan exclusivamente el flujo de reintegros económicos hacia las cámaras empresarias prestatarias del servicio, sin alterar el derecho de fondo.
Por otra parte, la aclaración oficial enfatizó que las corporaciones del transporte automotor de pasajeros mantienen de forma irrestricta la obligación legal de emitir los boletos a costo cero para pacientes oncológicos pediátricos y discapacitados. Por lo tanto, el control del cumplimiento de las normativas vigentes continuará bajo la órbita de los entes reguladores, desvinculando la readecuación del programa de compensaciones —vigente desde 2018— con una eventual supresión del beneficio social.
Fallos judiciales y el frente de conflicto en el sector de la discapacidad
Por su parte, las tensiones presupuestarias en el ámbito de la salud y la asistencia social registran un complejo panorama de arrastre que ya motivó severas intervenciones del Poder Judicial. Sin embargo, las rispideces se profundizaron luego de conocerse que el magistrado cordobés Miguel Hugo Vaca Narvaja dictó una contundente medida cautelar dirigida a las autoridades de la obra social PAMI y a los coordinadores del programa estatal Incluir Salud.
Finalmente, el dictamen tribunalicio impuso un plazo perentorio de setenta y dos horas para que los organismos dependientes del Ministerio de Salud normalicen de forma definitiva las transferencias de fondos hacia los centros asistenciales de atención terapéutica. Como resultado de este frente de conflicto generalizado que cruza las variables de la salud pública, Natalia de la Sota criticó al oficialismo, hilvanando este reclamo con sus anteriores denuncias respecto al sesgo regresivo de las recientes reformas de la estructura tributaria nacional.
