La tensión en el entorno de Javier Milei no da tregua y esta vez el foco está puesto sobre su jefe de Ministros. Entre carteles de protesta en su propio barrio privado y una presentación judicial de la diputada Marcela Pagano, el patrimonio de Manuel Adorni quedó bajo la lupa pública. El contraste entre el discurso de austeridad oficial y los gastos de seguridad en su residencia privada disparó una crisis de credibilidad.
El conflicto vecinal que rodea al jefe de Gabinete
La tranquilidad habitual del exclusivo barrio privado en Exaltación de la Cruz se vio interrumpida por la reciente polémica por la casa de Manuel Adorni. Según trascendió en diversos medios de comunicación, los residentes del complejo manifestaron un profundo descontento por la exposición mediática que el funcionario atrajo hacia la zona. En consecuencia, algunos vecinos incluso habrían barajado la posibilidad de solicitar su expulsión del country, molestos por la alteración de su privacidad y el tenor de las protestas en las inmediaciones.
Efectivamente, el clima en el predio ubicado a poco más de 80 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires se volvió hostil para el vocero presidencial. Por consiguiente, aparecieron mensajes anónimos y carteles que cuestionan el origen de los fondos utilizados para su estilo de vida actual. De igual forma, la atención se centró en la propiedad donde reside junto a su esposa, Betina Angeletti, cuya construcción y mantenimiento implican cifras que chocan con el relato de ajuste promovido desde la Casa Rosada.
Denuncia judicial y la polémica por la casa de Manuel Adorni
Más allá del escándalo social, la situación tomó un giro legal complejo cuando la legisladora nacional Marcela Pagano formalizó una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito. Por lo tanto, la Justicia deberá investigar por qué la vivienda en cuestión no figura en el último reporte de bienes que el ministro presentó ante la Oficina Anticorrupción. Por esta razón, la falta de transparencia en su patrimonio personal debilita la posición de uno de los defensores más acérrimos de la austeridad estatal.
Adicionalmente, se conoció que los gastos de expensas de la propiedad alcanzarían sumas mensuales cercanas a los 700 mil pesos, destinados mayormente a servicios de seguridad privada. Mientras tanto, el funcionario nacional intentó sortear las críticas manteniendo su agenda habitual, aunque el impacto de estas revelaciones ya afecta la imagen del gabinete libertario. Por otro lado, la omisión de estos activos en su declaración oficial se suma a otros cuestionamientos previos por el uso de recursos públicos en viajes familiares.
Los antecedentes que agravan la situación del ministro
Cabe recordar que este episodio no es el primero que pone en duda la coherencia discursiva del jefe de Gabinete. Recientemente, el funcionario fue criticado por incluir a su cónyuge en comitivas oficiales al exterior y por realizar traslados en vuelos privados durante feriados turísticos. En este sentido, la acumulación de gestos que se alejan de la política de «motosierra» generó un caldo de cultivo para que la oposición y sus propios vecinos reaccionaran con dureza.
En conclusión, el Gobierno Nacional debe enfrentar ahora un flanco interno derivado de la conducta privada de uno de sus principales voceros. Seguramente, el avance de la causa judicial determinará si hubo una irregularidad administrativa o si se trata de una falta de actualización patrimonial. No obstante, el costo político de vivir en una propiedad de lujo no declarada ya parece haber pasado factura en la credibilidad de la administración central.
