Terremoto en el Palacio de Hacienda por la salida de un funcionario clave de la gestión libertaria. La renuncia de Carlos Frugoni, motivada por el hallazgo de propiedades millonarias en el exterior, pone bajo la lupa los controles patrimoniales del Gobierno. Con departamentos valuados en miles de dólares y sociedades offshore de por medio, el caso escala a la justicia penal mientras el oficialismo busca contener el impacto político.
Escándalo patrimonial en el Ministerio de Economía
La administración nacional confirmó este martes la renuncia de Carlos Frugoni, quien hasta hoy lideraba la Secretaría de Coordinación de Infraestructura bajo la órbita de Luis Caputo. La salida del funcionario se produjo de manera inmediata luego de que trascendiera la existencia de un cuantioso patrimonio inmobiliario en el estado de Florida, Estados Unidos. Según las investigaciones, el ahora exsecretario no habría consignado siete departamentos en Miami en sus declaraciones juradas obligatorias ante la Oficina Anticorrupción.
Por consiguiente, la situación generó un fuerte malestar en el Poder Ejecutivo, que busca sostener una narrativa de transparencia absoluta en el manejo de los fondos públicos. Ciertamente, las propiedades en cuestión están valuadas en cifras que oscilan entre los 187.000 y 230.000 dólares cada una. En este sentido, la falta de registro de estos activos ante la agencia de recaudación nacional precipitó su apartamiento del cargo en medio de crecientes cuestionamientos opositores.
Sociedades offshore y antecedentes en la función pública
Debido a los datos que surgieron del registro de la propiedad en el exterior, se supo que las adquisiciones se realizaron entre los años 2020 y 2022. Durante ese periodo, el involucrado se desempeñaba como presidente de la empresa estatal Autopistas Urbanas S.A. (AUSA) en la Ciudad de Buenos Aires. Asimismo, se detectó que las transacciones se canalizaron a través de firmas denominadas Genova LLC y Waki LLC, estructuras societarias que no figuraban en sus reportes patrimoniales previos.
Por este motivo, la renuncia de Carlos Frugoni no logró frenar el avance de las acciones legales en su contra. La justicia federal recibió denuncias que apuntan a los delitos de evasión agravada, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Por lo tanto, el fiscal de turno deberá determinar si los ingresos obtenidos durante su paso por la gestión pública porteña son compatibles con las inversiones realizadas en el mercado inmobiliario norteamericano.
El reconocimiento del error y el frente judicial
Al momento de presentar su dimisión, el dirigente intentó minimizar la gravedad del hecho calificándolo como una omisión involuntaria. De esta manera, el exfuncionario argumentó que se encontraba en pleno proceso de regularización de sus activos tras haber asumido su nuevo rol en el gabinete de Javier Milei. No obstante, las explicaciones sobre este supuesto «error» administrativo no fueron suficientes para sostenerlo en una cartera tan sensible como la de Economía.
Finalmente, el equipo de Luis Caputo procedió a formalizar el reemplazo en el área de infraestructura para evitar que la polémica afecte el normal funcionamiento del ministerio. En conclusión, el caso de los departamentos en Miami vuelve a encender las alarmas sobre la integridad de los cuadros técnicos que integran las segundas líneas del Gobierno. Mientras tanto, la justicia deberá peritar las cuentas del exfuncionario para descartar el uso de fondos de origen espurio en la compra de los inmuebles.
