La grieta entre la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires sumó un nuevo foco de conflicto que promete escalar en la Justicia y en la calle. Jorge Macri oficializó un decreto que limita el acceso a prestaciones estatales para quienes no tengan domicilio en CABA, desatando una respuesta furibunda de la izquierda, que califica la medida de electoralista y discriminatoria.
Cruce de alto voltaje por el acceso a servicios
El escenario político metropolitano se encuentra en máxima alerta tras las recientes definiciones sobre la prioridad para los porteños en el sistema de servicios públicos. En consecuencia, el diputado Gabriel Solano salió al cruce del jefe de Gobierno, Jorge Macri, a quien acusó de implementar una estrategia de corte fascista para alinearse con el oficialismo nacional de cara a las próximas elecciones.
Por consiguiente, el referente del Partido Obrero utilizó sus plataformas digitales para denunciar que se intenta estigmatizar a los ciudadanos de la Provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, el legislador sostuvo que el Ejecutivo local busca responsabilizar a los bonaerenses por los desajustes económicos propios del distrito, ocultando la realidad del funcionamiento financiero de la Ciudad.
Efectivamente, Solano subrayó un dato clave sobre la estructura de ingresos de la Capital Federal. Por esta razón, recordó que aproximadamente el 70% de lo recaudado corresponde al impuesto sobre los Ingresos Brutos, un tributo que es generado en gran medida por la fuerza de trabajo que ingresa diariamente desde el conurbano y el resto de la provincia.
El impacto económico de la prioridad para los porteños
Sin embargo, desde la administración de Parque Patricios defienden la legalidad y la necesidad del nuevo decreto firmado recientemente. Por lo tanto, el criterio de prioridad para los porteños se aplicará de manera transversal en todas las áreas de atención estatal, otorgando preferencia en turnos y cupos a quienes acrediten domicilio legal en el distrito.
Además, el jefe de Gobierno justificó esta decisión al señalar lo que considera una gestión deficiente por parte de Axel Kicillof en territorio bonaerense. De esta manera, el conflicto no solo se limita a lo discursivo, sino que profundiza una política iniciada anteriormente en el área de salud pública, donde ya se aplicaban criterios de exclusividad territorial.
Por otro lado, existe un trasfondo contable que explica la urgencia de estas medidas restrictivas. En ese sentido, la Ciudad reclama una deuda que supera los 27.000 millones de pesos por la atención de personas en situación de calle que provienen de la Provincia. Según datos oficiales, cada ciudadano asistido en los paradores porteños representa un gasto mensual altísimo para el presupuesto local.
Disputa por el presupuesto y la coparticipación
Por consiguiente, el debate se traslada ahora a la legitimidad de cobrar por servicios que históricamente fueron universales en la Capital. Por lo tanto, la izquierda insiste en que la Ciudad es rica gracias al aporte de quienes no viven en ella. No obstante, el oficialismo porteño asegura que no puede seguir financiando el desgobierno de otras jurisdicciones con los impuestos de sus vecinos.
Asimismo, la tensión crece mientras se analizan los alcances legales de limitar derechos básicos por razones geográficas. Por esta razón, se espera que diferentes organizaciones sociales y políticas presenten impugnaciones al decreto de Macri en los próximos días. En conclusión, la pelea por los recursos y la representatividad política vuelve a poner en jaque la convivencia entre la Ciudad y la Provincia.
