La batalla por los hoteles icónicos de Chapadmalal llega a la Legislatura bonaerense. Tras el anuncio oficial de una concesión por 30 años, el peronismo busca declarar la inoponibilidad de cualquier contrato que ignore la utilidad pública del complejo. Una jugada política que enfrenta directamente la visión de mercado de Javier Milei con el derecho al descanso.
El conflicto por el turismo social en la Costa Atlántica
La senadora bonaerense Fernanda Raverta presentó recientemente una iniciativa legislativa con el objetivo primordial de resguardar el patrimonio histórico de la Provincia. Debido a que el Poder Ejecutivo Nacional manifestó su intención de ceder la gestión de los complejos hoteleros a manos privadas, la legisladora propone proteger los hoteles de Chapadmalal mediante un marco legal restrictivo. Por consiguiente, el proyecto establece que cualquier transferencia o contrato de concesión que no garantice la finalidad social de las unidades turísticas será considerado inoponible ante la jurisdicción de Buenos Aires.
En efecto, la propuesta surge como una respuesta directa a las políticas de ajuste y desinversión estatal promovidas por la actual gestión de Javier Milei. Por otro lado, la ex titular de la ANSES argumentó que, mientras el oficialismo nacional percibe estas estructuras únicamente como activos inmobiliarios para la venta, la oposición defiende su rol como espacios de esparcimiento para sectores vulnerables. En consecuencia, el debate parlamentario promete polarizarse entre la búsqueda de rentabilidad económica y el sostenimiento de derechos sociales históricos.
La estrategia para proteger los hoteles de Chapadmalal
A pesar de las intenciones de la Casa Rosada, el texto presentado en la Legislatura provincial prohíbe explícitamente cualquier modalidad de explotación comercial que excluya el turismo social. Por esta razón, el documento ratifica el carácter de Monumento Histórico de la Unidad Turística Chapadmalal (UTC), blindando su uso originario frente a terceros. No obstante, el Gobierno nacional ya había anticipado a través de su vocería la apertura de un proceso de licitación por tres décadas para captar inversiones extranjeras y locales.
Ciertamente, el oficialismo sostiene que la infraestructura requiere una restauración profunda que solo el capital privado puede financiar con eficiencia. Sin embargo, los sectores que buscan proteger los hoteles de Chapadmalal advierten que esta medida terminará por privatizar el acceso al mar para miles de familias argentinas. Por lo tanto, el proyecto de ley no solo atiende a la preservación edilicia, sino que también funciona como una declaración de principios sobre el rol del Estado en la gestión del tiempo libre y la recreación.
Trayectoria política y el futuro del complejo turístico
Como resultado de su extensa experiencia en la gestión pública, Raverta lidera este reclamo basándose en su conocimiento del territorio bonaerense y las necesidades de la comunidad. Además de su paso por la administración nacional de seguridad social, la senadora posee un vínculo histórico con Mar del Plata y sus alrededores, lo que le otorga un peso simbólico relevante a su demanda. Por otra parte, fuentes gubernamentales aclararon que la residencia presidencial ubicada en la zona permanecerá bajo órbita pública, quedando excluida de cualquier esquema de concesión privada.
En conclusión, la disputa por Chapadmalal se encamina a ser uno de los ejes centrales de la agenda legislativa en los próximos meses. Mientras que el Gobierno nacional acelera los plazos para la entrada de inversores, la oposición provincial intenta erigir una barrera legal que impida el cambio de perfil del complejo. Por este motivo, el desenlace de esta iniciativa determinará si el histórico balneario de los trabajadores conserva su esencia o se transforma definitivamente en un emprendimiento de lujo.
